La pandemia del Coronavirus no sólo está atacando la salud de los humanos en el mundo, sino también, está acabando con empresas, claro está que en el caso de Casanare, las empresas de la gobernación ya venían padeciendo enfermedades pero el coronavirus les agravó sus estados financieros. La nueva víctima de este mal es el Instituto Financiero de Casanare, IFC.
El IFC que en sus inicios llevaba el nombre de Fondo de Desarrollo de Casanare, fue creado en el gobierno de Óscar Wilchez, viene padeciendo una grave crisis financiera derivada de varios problemas, tal vez el más fuerte viene del gobierno anterior, cuando la administración departamental decidió liquidar el convenio 2113 del 2012 mediante el cual, la gobernación de Casanare le entregó al IFC el manejo de 12 mil millones de pesos para prestarle a los campesinos casanareños, y del 20% de los intereses de ese capital se costeaba la nómina del instituto, la cual oscila entre 280 y 290 millones de pesos mensuales, nómina que para este mes de mayo está en veremos, es tanta la crisis que a pesar de que el gobernado de Casanare, Salomón Sanabria, había manifestado que «por 3 meses se suspendían los cobros pendientes del IFC», las directivas han hecho caso omiso a ello, y ya los deudores han empezado a recibir mensajes de texto amenazando con reportes a las centrales de riesgo.
El gobierno anterior, más concretamente el secretario de agricultura, impuso su criterio y logró que ese convenio se liquidará (el proceso se encuentra en litigio judicial, el papá demandando al hijo), y liberar esos recursos para la gobernación e invertirlos supuestamente en “cadenas productivas”, y se dejó tanto al IFC como a los campesinos sin recursos.
Aunado a lo anterior, el IFC tiene una cartera de 70 mil millones de pesos, de los cuales 42 mil millones es cartera en riesgo, es decir, prácticamente están perdidos, lo que ahonda en el hueco fiscal de la entidad. Esa cartera se da por malos o nulos procesos de cobros a los deudores (favores políticos), lo que hace inviable financieramente a la entidad, en el año 2019 no se presentó un solo cobro jurídico.
Al paso que vamos, una vez pase lo del Coronavirus, no quedarán empresas públicas de la gobernación de Casanare que administrar, ya que todas estarán quebradas, y no precisamente por el virus sino por la corrupción.
