Una fuerte disputa se viene dando en Yopal, entre el contratista de la alimentación escolar, la administración municipal y los rectores de las instituciones educativas del municipio, ello debido a la negativa del alcalde de Yopal de permitir el pago de un acta parcial a favor del contratista, el cual, manifestó que si no le cancelan el acta parcial suspende el servicio perjudicando a 10.000 estudiantes. Dicho enfrentamiento produjo la solicitud de renuncia del secretario de educación por parte del alcalde, ya que secretario ya había firmado el acta parcial para pago.
Con base en la problemática, al administración municipal ha tenido una serie de reuniones con los rectores, estudiantes y concejales, en las cuales ha sido reiterativo en no dar la orden de pago del acta, hasta tanto no se revisen todos los documentos.
De esta manera, suversion.com.co se dio a la tarea de revisar sus archivos, y encontró que, finalizando diciembre se había manifestado por este medio quién iba a ser el contratista de este servicio, y que la modalidad de contratación sería “convenio de cooperación y asociación” con la fundación Vida, Amor y Paz, representada legalmente por Andrés Mauricio Barrera Torres; en el contrato se menciona que “el cooperante se compromete a aportar la suma de $304.562.228,19, equivalentes en ocho días de servicio de alimentación para 10.000.000 estudiantes, y adicional a ello, la alcaldía le giraba el 40% de anticipo, es decir $1.768.160.564,15. El contrato ha tenido tres actas de suspensión por un total de 51 días, 34 de ellos por el paro nacional del magisterio, y a la fecha tiene una ejecución del 36.31%.
Llama la atención del cooperante, que a pesar de tener una vasta experiencia en el sector de alimentación escolar, ya que aportó 24 contratos como prueba, todos ellos por la modalidad de convenio, no tenga el músculo financiero para desarrollar el presente contrato, dado que una de las causales de habilitación es tener un patrimonio mínimo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, cerca de $387.500.000, pero para el aporte de este convenio da $$304.562.228,19, entonces sus estados financieros presuntamente no reportan la realidad, aduce un vocero de la secretaría de educación.
Finalmente, según el parágrafo uno del literal C de la cláusula cinco del contrato, menciona que la “administración municipal, cancelara las actas parciales, a los 30 días siguientes al radicado de la cuenta en hacienda municipal”, para este caso, el acta fue radicada el cuatro de julio de 2017, es decir, hay plazo hasta el 22 de agosto para cancelarla. Con base en lo anterior, la administración municipal se mantiene en la posición de no pagar el acta y que el contratista debe cumplir el objeto contractual y no parar el servicio.
