Desde el año 2003, 49 familias del proyecto “Santa Bárbara” en Támara, fueron seleccionados para recibir de parte de la gobernación de Casanare, un subsidio de vivienda por valor de $8.248.410, pero infortunadamente a la fecha no lo han recibido; aunado a ello, la alcaldía de ese municipio adquirió un predio para la construcción del plan de vivienda antes mencionado, pero a pesar de habérsele construido acueducto y alcantarillado, no se construyó ninguna casa.
Concatenado con lo anterior, se logró establecer que el contrato mediante el cual la gobernación pretendió construir las viviendas de “Santa Bárbara”, se liquidó de manera bilateral el 12 de diciembre del 2010, a pesar de que no se construyeron las casas, es decir, pagaron la totalidad del contrato sin haberse ejecutado en su totalidad. La excusa para no construir las viviendas en Támara, fue que resultaba demasiado costoso adecuar el terreno para la construcción de las viviendas, y dichos costos no estaban contemplados en el contrato inicial.
Con base en lo anterior, la gobernación de Casanare, contrató en el 2007, los estudios y diseños para determinar las condiciones geotécnicas e hidráulicas del predio donde se iba a construir el plan de vivienda “Santa Bárbara”, pero de manera misteriosa dichos estudios desaparecieron de las oficinas de la gobernación del departamento sin que hasta le fecha se sepa su paradero.
Ante todas estas irregularidades, varios beneficiarios de esos subsidios interpusieron una acción popular buscando que se ampare “el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público vulnerado por el departamento de Casanare y el municipio de Támara, la cual recayó en el Juzgado Primero Administrativo de Yopal, quien el pasado 21 de junio del año en curso, dictó sentencia amparando el derecho vulnerado y ordenándole tanto a la gobernación de Casanare, como a la alcaldía de Támara, estudiar la posibilidad de reiniciar las obras en el mismo predio, y con respecto a la pérdida de los estudios contratados en el 2007 para la geotecnia del terreno, el Juez le ordenó a la gobernación que “organice una búsqueda exhaustiva de dichos estudios”, para lo cual le dio un plazo de un mes.
