635 municipios que aún no reportan información en el –SUI–, podrían quedar descertificados y perder así la competencia para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y el aseguramiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Así lo dio a conocer el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez Ortega, quien aseguró que estos municipios tienen hasta el 30 de abril de 2018 para realizar el reporte correspondiente ante el Sistema Único de Información –SUI– de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
“Hago un llamado urgente a todos los alcaldes municipales para que tomen las medidas necesarias y suministren la información de forma oportuna y eviten las sanciones derivadas de este incumplimiento”, manifestó Sánchez.
De acuerdo con la verificación preliminar efectuada por la Superintendencia de Servicios Públicos con corte al 23 de abril, 635 municipios aún no han realizado el reporte de la información correspondiente para la certificación de la vigencia de 2018. En Casanare, los 13 municipios que no han reportado la información son: Aguazul, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Chámeza, Sácama, Maní, Monterrey, Tauramena y Yopal.
Es importante anotar que los efectos que podría generar el no reporte de información en las fechas previstas son, entre otros:
* Perder la competencia para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y el aseguramiento en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, las cuales serían asumidas por los respectivos departamentos.
* Ser objeto de medidas preventivas o correctivas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como consecuencia de la actividad de monitoreo que realiza el MVCT al quedar en un nivel de riesgo alto en el manejo de los recursos del SGP ASPB.
* Disminución de la asignación de los recursos de SGP APSB para la vigencia 2019.
* Posibles acciones disciplinarias y fiscales por parte de los organismos de control.
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