La Fundación Paz & Reconciliación realizó una investigación detallada sobre diferentes denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018. Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República.
Estas evidencias son una lesión grave a la democracia si se tiene en cuenta que, desde las elecciones al Congreso en 2014, existen precedentes de fraude al sistema electoral. Al respecto, el 8 de febrero de 2018, en Sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual resolvió en mérito de un acto de corrupción, la devolución de las curules a tres candidatos del partido MIRA. Esto, porque en 2014 se configuró un fraude electoral que incluyó, entre otros, la destrucción de material electoral, la modificación o sabotaje del software contratado por la Registraduría y una estructura organizada para sonsacar las curules del partido MIRA.
La sentencia manifiesta que:
“se tuvieron en cuenta los datos registrados en los formularios E-14, E-24, E-26, Actas Generales de Escrutinio y archivos log, los cuales determinaron la presencia de la irregularidad alegada, pues se evidenció que 3.630 registros (1.412 mesas) correspondían a casos de sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones (…)”.
La Fundación encuentra con preocupación que las irregularidades relacionadas con el sistema electoral están presentándose en ocasión de la coyuntura y desde comicios anteriores, como se evidenció con el partido MIRA. A esto se suma el hecho de que las capacidades de la Registraduría parecen no ser suficientes para garantizar el cumplimiento de sus funciones, la transparencia en las elecciones y en sus contratos.
De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones de pesos por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular.
El escrutinio (E-14 informativo y conteo). Aunque ambos procesos (transmisión y conteo de votos) empiezan desde el cierre de las mesas de votaciones el día de las elecciones, el escrutinio se extiende durante los días posteriores.
Una vez se cumple con el tiempo límite de votaciones, a las 4 de la tarde, se cierran definitivamente las mesas y se inician dos procesos paralelos: lo que se podría llamar el pre-conteo y el escrutinio. Son tres formularios E-14 los que se llenan en estos procesos: de transmisión, de delegados y de claveros. El primero es el que rápidamente se transmite para los resultados electorales. Este proceso, a cargo de los jurados de votación, solo tiene valor informativo, pues el Código Electoral establece que el proceso con valor jurídico es el segundo: el escrutinio o conteo de votos.
En conformidad con la investigación realizada por la Fundación, se encontraron decenas de casos de no coincidencia entre los diferentes E-14. El formulario E-14 de claveros, con base en las tesis del Consejo de Estado, es el único que tiene peso jurídico, lo que no se ajusta al equilibrio documental que deberían guardar los tres E-14. Cuando el E-14 de claveros se pasa al sistema, es el momento en que se cambian los datos y aquí no existe un control eficiente, porque es cuando menos hay testigos o jurados de revisión. Tampoco existen mecanismos de control de resultados de parte de la Registraduría para depurar el proceso de tener que manejar 3 formularios E-14, su digitalización y la custodia del material electoral. Los 3 E-14 deberían coincidir siempre y, a su vez, deberían coincidir los 3 E-14 con los E-24. Hay videos que dejan ver como durante el escrutinio se trasladan los votos sin ningún tipo de seguridad.
Para la presente investigación, se plantearon varios momentos y escenarios con graves riesgos en el sistema electoral. Un primer momento está relacionado con las precampañas, campañas y el sorteo de los jurados de votación (su distribución y asignación a los puestos de votación). Un segundo momento está relacionado con del día D (el día de las elecciones). Y, por último, el escrutinio.
En el primer momento, los medios de comunicación y centros de investigación han profundizado las denuncias e investigaciones sobre cuestionamientos como el apoyo de grupos al margen de la ley a partidos y candidatos; clanes y estructuras políticas que han gobernado tradicionalmente y buscan poner sus herederos; financiación ilegal de campañas y escándalos de corrupción. Esto corresponde a las precampañas y campañas políticas. Sin embargo, poco se ha profundizado en los riesgos al momento de realizar el sorteo de los jurados de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispone de un software que es alimentado con los datos de registradores a nivel nacional y, posteriormente, con las listas de ciudadanos elegibles suministrados por empresas públicas y privadas; instituciones educativas; partidos y movimientos políticos, mediante el cual se realiza de manera aleatoria el sorteo de los jurados de votación. Una vez se tienen las listas de elegibles, se hace una depuración mediante el cruce de datos con el Archivo Nacional de Identificación y el censo electoral, donde finalmente resultan los nombres de los ciudadanos que pueden hacer parte del sorteo en el software.
Este sistema fue implementado desde las elecciones del 2014 con el objetivo de blindar el proceso de potenciales fraudes, teniendo en cuenta que la Registraduría ha sufrido vulnerabilidades en el sistema. En el 2011 se produjo una filtración en la designación de los jurados de votación, y esto derivó en una manipulación de las bases de datos de cientos de personas elegibles para ser jurados de votación. Cuando la Registraduría y la Procuraduría contrastaron las listas propuestas a las empresas que las enviaron, descubrieron cinco empresas que no tenían la cantidad de empleados que declararon.
FUENTE: ASÍ SE ROBAN LAS ELECCIONES EN COLOMBIA.
FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN. 2018.
