El pasado jueves 7 de junio del año en curso, el hasta entonces gerente de Acuatodos, presentó ante el gobernador renuncia irrevocable al cargo, y se creía que el motivo principal era una posible aspiración electoral a un cargo de elección popular, o para aspirar al cargo de director de Corporinoquia, pero ninguna de las dos opciones resultaron ser verdaderas. La verdadera razón fue que le Contraloría General de la República, lo halló responsable fiscalmente en un proceso que data desde el 2009, cuando se desempeñaba como funcionario en Recetor, y por ende, se le generó una inhabilidad sobreviniente, aunado a una sanción de cinco años para ocupar cargos públicos.
La investigación fiscal se da por la construcción de la PTAP y alcantarillado de lo que iba a ser la el nuevo municipio de Recetor, el cual debía ser traslado por inestabilidad del terreno; para ello, la gobernación de Casanare, contrató una consultoría para identificar el sitio donde se trasladaría la cabecera municipal, y por ende, construir los servicios públicos.
El problema para Domínguez y 4 personas más, radicó en que no tuvieron en cuenta los conceptos dados por Ingeominas, con relación a que el terreno escogido para las obras era inestable, ya que se encontraba en un aluvión, lo que no garantizaba la estabilidad del mismo, y por ende, las obras construidas allí no sirvieron, caso particular del alcantarillado.
Con base en ello, la Contraloría los halló responsables fiscales solidarios en la suma de $2.319.118.916,11, lo que automáticamente les generó aparecer registrados en el boletín especial de la Procuraduría, con la sanción de no poder contartar con el Estado ni ocupar cargos públicos por 5 años, los cuales, empezaron a regir desde el 8 de junio del 2018, hasta el 7 de junio del 2023.
