Una evaluación de la Contraloría General de la República estableció que los Planes Departamentales de Agua muestran deficientes resultados, los recursos destinados se han dispersado y la falta de cobertura, calidad y continuidad de servicio está lejos de lo que se pretendía, dado que no existe coordinación entre los distintos niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal).
Además, en un alto porcentaje de municipios del país, el servicio de agua potable y saneamiento básico se presta por empresas que no cuentan con la suficiente capacidad institucional ni de ingeniería de alto nivel y, además, tienen infraestructura obsoleta y defectuosa, todo lo cual incide en la baja cobertura, mala calidad, discontinuidad en el servicio.
Y, por si fuera poco, la intromisión política hace muchas veces de las suyas en las administraciones territoriales. Así lo determinó una Auditoría de Desempeño que evaluó el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, en el período 2010-2017.
Según el contundente informe, el Programa no alcanzó los propósitos formulados en los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014 – 2018, en materia de aumento de cobertura, calidad y continuidad del servicio público de agua potable y saneamiento básico.
Además, el Programa no ha contribuido de manera equitativa, económica, eficiente y eficaz a lograr el objetivo fundamental de la política pública, que es obtener la universalidad, en cuanto a suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad física, asequibilidad y disponibilidad permanente del líquido vital para toda la población colombiana.
En desarrollo de esta Auditoría de Desempeño, la Contraloría detectó 24 hallazgos administrativos y se dio una calificación de ineficiente en la evaluación de riesgos y controles, en cuanto a las actividades que desarrolla el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionadas con el Programa PAP–PDA. El bajo nivel de desempeño descrito obedece a múltiples factores, que impiden atender con eficiencia, eficacia, economía y equidad, los desafíos del Programa, lo cual ha generado consecuencias nocivas que inciden en la prestación del servicio esencial de agua potable y saneamiento básico.
Una de las causas de este resultado negativo es que los Planes Departamentales de Agua no cuentan con una estructura de planeación adecuada.
Es así como el 54% de los municipios encuestados por la CGR desconocen los componentes del Programa y los instrumentos de planeación que este contiene.
Así mismo, los Planes Generales Estratégicos de Inversión no están estructurados a partir de necesidades concretas y se formulan con partidas globales.
De otra parte, en los resultados evaluados se observó durante el periodo referido (2010-2017) que se tenían viabilizados proyectos de agua potable y saneamiento básico por $4,6 billones, pese a contar con recursos por $5,7 billones.
De los $4,6 billones, los entes territoriales realizaron contratos por $3,8 billones, es decir, que del total de recursos disponibles comprometieron realmente solo el 67%, situación ocasionada por deficiencias técnicas en los diseños, en la gestión ambiental, en la presentación y en la formulación de los proyectos, lo que obliga a la reformulación y por ende genera demoras en la iniciación y ejecución de los proyectos.
Es notaria también la ausencia de instrumentos efectivos para el fortalecimiento empresarial y sostenibilidad del sistema, así como la inexistencia de un modelo empresarial moderno y sostenible.
Y hay falta de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura existente, lo que genera su obsolescencia; así mismo, se carece de estrategias para el sostenimiento de las inversiones, de acuerdo con lo evidenciado en los diagnósticos presentados por los municipios encuestados por la CGR.
Según los resultados de la encuesta y los grupos focales realizados, la CGR observó que en un número significativo de municipios (más de 300), que son prestadores directos del servicio, existe alta rotación del nivel directivo, falta de capacitación del personal nuevo, pérdida de la memoria institucional y de la gestión del conocimiento, intromisión política partidista y politización en la administración territorial.
