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En Bocas del Pauto, botaron por la tubería dos mil quinientos millones de pesos.

En el año 2007, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Trinidad, firmaron el convenio número 00321, mediante el cual se iba a construir el sistema de alcantarillado pluvial al corregimiento de Bocas del Pauto, por valor de $1.674.997.238; a su vez, la alcaldía de Trinidad firmó el contrato con la empresa de servicios públicos de Trinidad, por el mismo valor, aunado a lo anterior, dicha empresa firmó el contrato de obra número 009 del 10 de septiembre de 2007, con la unión temporal el Banco, para que construyera el alcantarillado, con un plazo de 5 meses.

Al contrato de obra se le hacen varios adicionales en dinero por valor de $836.182.936,7, y prórroga de 48 meses, tiempo en el cual, la obra fue recibida a satisfacción por la empresa de servicios públicos de Trinidad, quien a su vez liquida el convenio con la alcaldía, manifestando que se entrega la obra a satisfacción. Pero infortunadamente el alcantarillado no sirvió, no fue construido todo, pero se pagó la totalidad del contrato.

Ante este desastre, Ángel Daniel Burgos, habitante de ese sector, interpuso una acción popular mediante la cual busca que se protejan los derechos colectivos a servicios públicos, protección del patrimonio público, entre otros. Dicha acción popular tuvo sentencia de primer instancia, en donde se protegieron los derechos de los habitantes y se ordenó a la alcaldía de Trinidad y la gobernación de Casanare, terminar las obras, dicha sentencia fue apelada, y el pasado 20 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Casanare, ratificó la mayoría de la sentencia, adicionandóle que la alcaldía de Trinidad, contraté la realización de un estudio técnico de las obras del alcantarillado, para determiner que sirve para formular un nuevo proyecto, con un plazo de 4 meses.

Llama la atención del fallo del alto tribunal, que en uno de sus apartes menciona que: la triangulación en este proyecto, se asemeja a un proceso de testaferrato para trasladar los recursos del departamento a los municipios que a su vez los trasladan a sus empresas de servicios, sin tener la capacidad técnica para garantizar obras de calidad.

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