La Procuraduría General de la Nación hace un llamado a los gobernadores y alcaldes a realizar de manera diligente las acciones para poner en marcha el Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.
El Ministerio Público observa con preocupación los casos de los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Sucre, así como los municipios de Buenaventura, Ipiales, Palmira, Tumaco y Valledupar, que según informó el Ministerio de Educación Nacional, al 8 de enero no habían definido cómo efectuarán la prestación de este servicio, y en algunos casos, ni siquiera han realizado la publicación de pliegos para adelantar el respectivo proceso de contratación, lo que significa una eventual vulneración del derecho a la educación de 460 mil beneficiarios.
Desde el pasado mes de noviembre, la Procuraduría exhortó a los mandatarios de las 96 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) a cumplir con sus obligaciones para la prestación oportuna del servicio de alimentación escolar, con el fin de evitar que se presenten nuevamente demoras en el inicio de la operación del programa.
En 2018, solo 38 ETC iniciaron la entrega del complemento alimentario desde el primer día de clases. En más de la mitad del país la operación del PAE comenzó dos o tres semanas después, y en algunos casos, las demoras superaron los 2 meses, situación que obligó a la Procuraduría a recurrir a acciones de tutela para garantizar la prestación del servicio.
El órgano de control adelanta más de 200 acciones disciplinarias por irregularidades en la contratación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el país.
El Ministerio Público vigilará la oportuna prestación del servicio de alimentación escolar y adelantará las acciones necesarias dentro de su competencia para velar por la garantía de los derechos a la educación, la salud, la alimentación equilibrada de los más de 5 millones de niños, las niñas y los adolescentes beneficiarios del PAE. Para ello impartió instrucciones a los procuradores territoriales a fin de que informen sobre los cronogramas y condiciones para la operación plena y oportuna del programa.
Adicionalmente, continuará el seguimiento al trabajo de las secretarías de Salud departamentales en la revisión del estado de los alimentos que se suministran a la población vulnerable de las instituciones educativas de todo el país.