La gobernación de Casanare y la alcaldía de Maní fueron obligadas a terminar y poner en funcionamiento una obra inconclusa educativa en el colegio Jesús Bernal Pinzón, la cual se inició a construir en el año 2007, pero infortunadamente ninguna administración tuvo la voluntad política de terminarla, escasamente le hicieron cerramiento perimetral para no permitir el ingreso de estudiantes para evitar u tragedia.
La historia se remonta al año 2007, siendo alcalde Henry Montes, quien suscribió el convenio interadministrativo 008 de 2007 con la Federación Nacional de Municipios Fedemunicol, el cual entre otras obras incluía la construcción del nuevo auditorio para la sede central de la Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón; construcción que quedó abandonada y con problemas de sismo resistencia, sin que ninguna autoridad municipal hubiese querido terminarla.
Ante la pasividad de los gobiernos municipales, la Defensoría del Pueblo Regional Casanare, decide interponer una acción popular el año 2016, contra la alcaldía de Maní y la gobernación de Casanare, buscando que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, entre otros. Derechos que fueron protegidos por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, que decidió ordenar a la alcaldía de Maní y la gobernación de Casanare, en un tiempo no superior a un año, terminar, dotar y poner en funcionamiento, el auditorio de dicho plantel educativo. La sentencia fue proferida el pasado 21 de marzo del 2019.
