La Contraloría General delegada para Casanare, ordenó rastrear los bienes de los exgobernadores de Martha Inés Gonfrier, Nelson Mariño y Marco Tulio Ruiz, como también los de 4 exsecretarios de educación, para que respondan por el presunto daño patrimonial contra el departamento por valor de $3.989.353.561, por las irregularidades en el contrato 324 del 2011, que tenía por objeto la construcción de la primera etapa (bloque primaria) de la Institución Educativa La Inmaculada, sede central en Orocué. La medida también cobija a la firma contratista, la interventoría y la supervisión del contrato.
Como pruebas de las irregularidades en esta obra está la visita realizada el pasado 19 de octubre de 2018, por parte del personero de ese municipio, se pudo evidenciar que las obras se encontraban aún inconclusas, en desuso u sometidas al abandono y por tanto sin ser utilizadas por parte de comunidad educativa del municipio, a pesar de que el contrato fue liquidado el 7 de marzo del 2014.
La auditoría de la Contraloría evidenció que dicho contrato fue mal planeado ya que al mismo se le hicieron 6 actas de modificación de cantidades de obra, y de igual manera 6 actas de fijación de precios; aunado a ello se evidenció que el proyecto no tuvo en cuenta los estudios de suelos, lo que desencadenó en sobrecostos. Los involucrados en este proceso fueron notificados el pasado 3 de abril del año en curso.
Este es uno más de los elefantes blancos que abundan en el departamento, los cuales, por medio de acciones populares y demandas ante los entes de control, se busca que se culminen las obras para evitar el detrimento patrimonial de dichas obras.
