El Alcalde de Yopal, Leonardo Puentes Vargas, se presentó ante el Comando de Departamento de Policía Casanare para dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal, mediante la cual se ordena su arresto durante tres días y multa correspondiente a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, por incidente de desacato a acción de tutela que busca la recuperación y desalojo del predio donde se ubican alrededor de 500 familias, en el asentamiento humano denominado ‘Mi Nueva Esperanza’.
El Alcalde de Yopal, respetuoso de las decisiones judiciales y garante de los derechos fundamentales de esta población vulnerable, acató esta determinación, reiterando que la decisión judicial no resuelve una problemática existente hace más de 7 años. Por lo cual esta Administración avanza en la búsqueda de alternativas de solución, que permitan dar cumplimiento a la acción de tutela e impedir el uso de la fuerza pública para desalojar a estas familias, evitando atropellar a más de 2.000 personas en condición de vulnerabilidad.
Al respecto Puentes Vargas manifestó “respeto las órdenes de la justicia, pero en este caso me están pidiendo un imposible: desalojar y simultáneamente darle solución de vivienda a más de 500 familias muy humildes del asentamiento ‘Mi Nueva Esperanza’ en Yopal”.
Agregó “logramos detener la empresa criminal de los urbanizadores ilegales, pero hoy tenemos que pagar los platos rotos de cerca de ocho años de complicidad oficial, caos y manipulación del derecho a la vivienda de cerca de treinta mil personas humildes de Yopal”.
“¡Me iré a pagar arresto, pero no daremos un paso atrás contra la ilegalidad y el maltrato de los más necesitados! ¡Hoy y siempre, firmes!”, anotó.
Alternativas de solución
Desde la Administración Municipal en trabajo conjunto con la Gobernación de Casanare, se avanza en el análisis de esta problemática, para dar respuesta de fondo y poder reubicar a las familias que cumplan requisitos, en un predio que cuente con servicios públicos, para lo cual se contempla uno ubicado en inmediaciones al barrio Las Américas y contiguo a Villa David.
“Nosotros tenemos dos alternativas de solución, no en el corto plazo; esto pasa por la identificación y caracterización del grupo de familias susceptibles de vivienda, proceso que ya hicimos. La primera opción está en el plan parcial que se debe desarrollar en el sector de la Ciudadela La Bendición, donde hay una oportunidad de consolidar un banco de tierras y empezar a hacer las inversiones en materia de servicios.
La segunda alternativa es la que hemos venido estudiando con la Gobernación de Casanare. Recibo con beneplácito que el Departamento esté sentado con nosotros revisando la posibilidad de realizar esas obras, y que nos den la posibilidad, por lo menos este año, de darle la certeza a esta población, del sitio a donde van a ir a vivir en un futuro”.
Indicó el mandatario que “hoy tenemos que amparar los derechos de las dos partes, pero no puedo cumplir lo imposible, porque estamos hablando de conseguir de manera inmediata un predio que puede ser de 8 hectáreas, con servicios públicos asegurados, porque no vamos a repetir la historia de aquellos que sometieron a centenares y miles de familias a ocupar potreros, victimizando a esta población. La solución para Mi Nueva Esperanza está por alrededor de los 60 mil millones de pesos”.
Precisó que estos argumentos fueron presentados al juez mediante un escrito, donde se relaciona que el municipio no cuenta con un albergue para ubicar a las familias a desalojar, tampoco con los recursos que se requieren con el fin de dar una respuesta inmediata.
