Al candidato a la alcaldía de Hato Corozal, por el partido de la U, José Antonio Esteban, le ordenaron el rastreo de sus bienes y su posterior embargo por el presunto detrimento patrimonial en la ejecución de un contrato que debía beneficiar a la población indígena del resguardo de Caño Mochuelo, con la implementación de un proyecto productivo de cría de ganado, para la seguridad alimentaria de esa población, el cual él adjudicó siendo alcalde de ese municipio en el 2015.
El proyecto le fue adjudicado al consorcio Hato Indígena, el cual estaba integrado por la Asociación Integral de la Orinoquia, Intergriorinoquia, y el cuestionado Centro Provincial de Gestión Agroempresarial del Norte de Casanare, Cepronorca ( fue fundada por la gobernación de Casanare y 6 alcaldías del departamento), y consistía en «Aunar esfuerzos para procurar la alimentación de un programa de seguridad alimentaria y auto sostenibilidad enfocado a implementar, fortalecer, promover, incentivar e incrementar la producción de alimentos y materias primas de origen pecuario de las comunidades indígenas de Mochuelo y Getsemaní del Resguardo Indígena de Caño Mochuelo del Municipio de Hato Corozal en el Departamento de Casanare» por un valor de $673.000.000, en el cual el Municipio de Hato Corozal aportó la suma de 630.000.000 y el Cooperante la suma de 43.000.000 (no se encontró soporte de ese aporte), con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, mediante la entrega de 455 novillas, 6 toros padrotes y 4 caballos aperados.
La Contraloría Delegada logró establecer que no hubo soporte de la entrega de las novillas a los beneficiarios, así como también, que el convenio fue liquidado bilateralmente sin observaciones, es decir, que la administración de Hato Corozal, aceptó que las novillas si fueron entregadas, a pesar de que no existen papeletas expedidas por el ICA a nombre del contratista, tampoco hay registro en la alcaldía de la entrega de esos semovientes, no hay listado de beneficiarios con sus respectivas firmas, pero si existe el acta de liquidación y recibo a satisfacción de las novillas, por parte de la administración municipal.
La auditoría a este convenio logró evidenciar que los estudios previos estuvieron mal formulados ya que el plazo de ejecución del contrato fue determinado en 4 meses, tiempo en el cual es imposible que las novillas den crías, así como también, que no se pactó asistencia técnica durante la ejecución del convenio. De igual manera el ente de control reprocha la nula vigilancia por parte de la alcaldía de Hato Corozal, en el cumplimiento de las actividades del convenio, al punto de no contar con el acta de entrega real de las novillas, como tampoco de sí las mismas fueron vendidas o sacrificadas por los beneficiarios sin cumplir el objeto establecido, es decir, esas novillas son animales fantasmas.
La negligencia en el seguimiento de este contrato también cobija al actual alcalde Hato Corozal, Alexander Martínez, como también a Miryam Patricia Uva, supervisora del convenio, quienes liquidaron el convenio a pesar de no contar con las evidencias del cumplimiento de las actividades.
Con esta investigación se pone en riesgo la gobernabilidad de Hato Corozal, ya que de ser electo el exalcalde y actual candidato José Antonio esteban, el municipio corre el riesgo de quedarse sin alcalde en caso de ganar las elecciones que si el fallo lo encuentra responsable inmediatamente tendría que abandonar el cargo por inhabilidad sobreviniente.
Lo insólito de este caso es que a pesar de que la actual administración no pudo demostrar que este convenio se cumplió a cabalidad, suscribió otro contrato para suministrar otras 82 novillas a la misma comunidad indígena beneficiaria del anterior programa de ese municipio, para presuntamente mejorar las condiciones alimenticias de esa población.
Por: Javier Gaviria
