Los colombianos con discapacidad mayores de edad cuentan desde ahora con una ley que establece el régimen para el ejercicio de su capacidad legal: la 1996 de 2019, sancionada por el presidente Iván Duque Márquez y en cuya mesa técnica interinstitucional participó el Ministerio de Justicia y del Derecho.
Dicha norma cierra la brecha jurídica que discriminaba a esta población y le impedía ser tratada en igualdad de condiciones para realizar, por ejemplo, transacciones bancarias, escoger su lugar de residencia, realizar una compraventa o elegir un tratamiento médico. Se sabe, por ejemplo, que más de 600 personas mayores de edad con discapacidad fueron esterilizadas sin su consentimiento, según cifras presentadas en el informe de ponencia de la ley.
Esta norma crea una nueva reglamentación que les permite a los colombianos en condición de discapacidad gozar plenamente de sus capacidades legales y contar con los apoyos necesarios para lograrlo. Y responde también al compromiso internacional de Colombia con la Convención de las Naciones Unidas, que en su artículo 12 exige a los países cambiar la visión de las personas con discapacidad y asegurarles capacidad jurídica y derecho a elegir.
La Ley 1996 de 2019 elimina la interdicción, pues se considera una figura que atenta contra la autonomía personal y que se ha prestado para que se cometan abusos contra personas en situación de discapacidad. Y propone, a cambio, un sistema de toma de decisión con apoyos.
Establece, además, la presunción de capacidad. Así, en ningún caso la existencia de una discapacidad podrá ser motivo para restringir el ejercicio legal de una persona. Esta presunción aplicará también para los derechos laborales.
Juanita López Patrón, Viceministra de Promoción de la Justicia, explica que “con esta norma se elimina la interdicción y se sustituye por la toma de decisiones con apoyo, figura que permite que las opiniones, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad sean siempre tenidas en cuenta y respetadas como esencia del desarrollo de su proyecto de vida”.
El Ministerio de Justicia y del Derecho viene realizando capacitaciones para operadores de justicia (jueces, consultorios jurídicos, conciliadores, comisarios de familia, inspectores de policía, etc.) sobre el reconocimiento a la capacidad legal de las personas con discapacidad y toma de decisiones con apoyo.
Comprometido con mejorar las condiciones de vida de las personas en condición de discapacidad y con la protección de su derecho a decidir, la cartera que hoy preside Margarita Cabello Blanco creó en 2015 RUNDIS, hoy ‘Tejiendo Justicia’
(Red Universitaria por la Inclusión, Igualdad y Transparencia) que permite que los consultorios jurídicos del país ofrezcan a la población en situación de discapacidad acceso oportuno y eficaz a la justicia.
