Desde hace varios meses se ha venido presentando un enfrentamiento jurídico y de fuerzas entre la secretaría de agricultura departamental y el Instituto Financiero de Casanare, por la liquidación de un convenio que fue firmado en el año 2012, y el cual por tiempo venció en el año 2017, fecha desde la cual no se ha podido liquidar.
El convenio en mención tiene por objeto “apalancamiento financiero para el fortalecimiento empresarial en el departamento de Casanare”, de este convenio se han beneficiado numerosos empresarios casanareños, los cuales han cancelado sus obligaciones lo que ha permitido que el IFC recupere los recursos iniciales tasados en doce mil millones de pesos, los cuales se han convertido en el florero de Llorente entre la secretaría de agricultura y el IFC, ya que el secretario Camilo Montagut, pretende que esos recursos sean girados a la dependencia que él dirige, y el IFC, pretende que les sean dejados al instituto para su capitalización.
A pesar de que en la última reunión celebrada entre las partes para definir el futuro de estos recursos, el gobernador Alirio Barrera, dio directrices en torno a que si el DNP daba el visto bueno al proyecto los recursos continuaran en las arcas del IFC para su capitalización. Sin embargo, la liquidación del convenio fue remitido por la secretaría de agricultura a la oficina de defensa judicial de la gobernación, y el secretario de agricultura sigue presionando al IFC para que lo firmé.
Se espera que en el consejo de gobierno que se realiza hoy en la gobernación, el gobernador de la orden definitiva sobre el futuro de los recursos del convenio, a no ser que le sean desconocidas sus órdenes y los doce mil millones le sean devueltos a la secretaría de agricultura para gastarlos en más proyectos productivos de plátano, que por cierto, dejó a varios beneficiados con problemas.
