La Gerencia Delegada para Casanare de la Contraloría General de la República, citó mediante la publicación de fecha 11 de octubre del 2019 en la página web y en la cartelera del ente de control en Yopal, al ex alcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, al ex secretario de educación Fredy Montoya, y al ex secretario general Luis Carlos Aponte, para que se notifiquen de la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, por el presunto daño patrimonial de $120.000.000 en la ejecución de un contrato de administrativos de los colegios públicos del municipio, firmado en el año 2016.
El contrato que tiene en problemas al ex alcalde Torres, es el número 517 de 2016, firmado con la empresa Servicios Temporales del Meta Ltda, Tempometa, cuyo objeto era “Prestar servicios de apoyo administrativo, técnico y operativo a las Instituciones Educativas Oficiales para garantizar el acceso y permanencia a la educación en el municipio de Yopal», por valor de $596.855.780 y con plazo de ejecución de 62 días calendarios y contrato Adicional No. 1 por $298.427.890 y 31 días más. Lo que encontró en ente de control es que en este contrato se fijó como actividad la entrega de dotación al personal contratado por Tempometa, desconociendo lo manifestado por el código sustantivo del trabajo, en el sentido de que la dotación para personal debe darse cuando estos lleven más de 3 meses de labores, situación que en este caso no aplica, ya que el contrato apenas se iba a empezar a ejecutar, con el agravante de que en el adicional también se pactó como una de las actividades, entregar una nueva dotación al personales decir, hubo sobrecostos por $120.000.000.
En la auditoría realizada por la Contraloría a este contrato se evidenció que las dotaciones no le fueron entregadas al personal contratado, lo que se tipifica en detrimento patrimonial, y por ende se les inicia el proceso de responsabilidad fiscal, con la orden dada en el acto de apertura del proceso por parte del ente de control de rastrear los bienes de los implicados y proceder a su embargo para garantizar el pago del detrimento. Este proceso fue aperturado el 20 de junio del 2019.
