En un hecho que resultó insólito se convirtió el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare, en contra de un “privilegio” con el que contaba el sindicato de trabajadores de la alcaldía de Yopal, a los cuales en virtud del artículo 39 de la convención colectiva de trabajo que tiene con el municipio, se les giraba el 1% del valor de los subsidios de vivienda que se entregaran en la capital casanareña.
La historia se remonta al año 2010 cuando fue firmada la convención colectiva, y el municipio le empezó a girar los recursos al sindicato, para esa fecha el giro fue de $89.000.000, y así durante varios años, sin saberse en que se invertían esos recursos públicos por parte del sindicato; ya va el año 2014 la administración municipal decidió no girarle más recursos por este concepto, ya que había un problema legal con ello.
Con base en la suspensión del giro por parte de la administración municipal, las directivas del sindicato solicitaron un concepto a la oficina territorial del trabajo en Yopal, en el cual dieran a conocer si el municipio debía o no hacer esos giros, pero la respuesta llego, y por el contrario, la oficina de trabajo sancionó con multa de 414 salarios mínimos legales vigentes, a la alcaldía por no hacerle los giros correspondientes al sindicato, y por su parte el Sena iniciaba el cobro coactivo de esos salarios.
Es por ello que la administración municipal decide interponer una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, buscando que se ordene la derogatoria de esa obligación, a lo que el alto tribunal accedió, y por ende ordenó la derogatoria de las Resoluciones sancionatorias de la oficina de trabajo, de igual manera una vez derogadas esas resoluciones se le ordena al Sena abstenerse de seguir con el cobro coactivo, y a su vez, remite el expediente a la Procuraduría y Contraloría para que inicien las investigaciones respectivas en contra de los funcionarios que hicieron los giros ilegales.
