El alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, viene presentando una serie de problemas que lo tienen contra la espada y la pared, por un lado tiene el asedio de la rama judicial del departamento, la cual viene presionando vía medidas cautelares emanadas de acciones populares, las cuales lo obligan a tomar decisiones que en muchos de los casos son impopulares, y por el otro lado tiene el rechazo de varios sectores de la población de la ciudad, precisamente por hacer cumplir la Ley.
La primera presión de la justicia administrativa contra el alcalde de Yopal, tiene que ver con la acción popular del río Cravo Sur, la cual una de sus medidas cautelares ordena suspender toda construcción nueva, mejoramiento y venta de lotes sobre la margen derecha del río desde el puente La Cabuya, hasta la vereda La Manga, medida cautelar que las diferentes administraciones municipales no han cumplido, y por el contrario, al hacer un recorrido por ese sector se aprecian una gran cantidad de construcciones, que van desde conjuntos residenciales al frente del comando municipal de la Policía, hasta tabernas, sin que las autoridades hagan algo para contrarrestar el avance de estas construcciones.
La segunda acción tiene que ver con la que obliga a la administración municipal a recuperar el espacio público del centro de la ciudad, esta medida es la que más rechazo ha generado de varios de los comerciantes del sector que se han visto afectados por los operativos del Idury, que buscan que las mercancías no sean exhibidas en los andenes sino al interior de los locales comerciales, ya se han sancionado varios comerciantes por incumplir la norma.
La tercera acción popular tiene que ver con los urbanizadores ilegales del sector de La Pedrera, los cuales fueron sancionados por la justicia por vender lotes sin autorización municipal, es decir, sin licencias, y que en las medidas a tomar por la administración municipal están desde legalizar estos predios o hacer desaojo de las familias que ya residen en esos sectores.
El dilema para el alcalde Castro, tiene que ver que si no cumple con las órdenes del alto tribunal puede ser sancionado con Desacato (arresto o multa) y por el otro lado le genera enfrentamientos con las comunidades, como por ejemplo urbanizadores y constructores de la margen derecha del río Cravo, o los comerciantes del centro; es de recordar que el eslogan del alcalde Luis Eduardo Castro, es el de “un gobierno con autoridad”, con base en ello, ¿cumplirá el alcalde las órdenes del alto tribunal?, ¿dejará el alcalde las cosas como están y asumirá las sanciones del tribunal?, ¿tomará el alcalde las decisiones de autoridad a pesar de ser impopulares?, las respuestas las tendremos en los próximos días.
