Luego de una investigación desarrollada en coordinación con la Fiscalía durante 10 meses, la Policía Nacional ejecuto la operación “Andes” contra la extorsión en Boyacá, logrando materializar 2 órdenes de captura a integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del grupo armado organizado ELN.
Este resultado se logra en el marco del plan choque “Construyendo Seguridad”,
donde la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, la Seccional de Inteligencia Policial y el GAULA del Departamento de Policía Boyacá, capturaron por orden judicial en vía pública de los municipios de Tasco (Boyacá) y Aguazul (Casanare), a 2 integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del frente Adonay Ardila Pinilla del ELN, a quienes se le atribuye más de 5 hechos de extorsión en el departamento de Boyacá, afectando la seguridad y convivencia ciudadana y generando una economía ilegal de aproximadamente 500 millones de pesos.
Los capturados eran conocidos como “zancudo”, de 25 años de edad, con una
anotación por el delito de lesiones personales y “carracas”, de 36 años de edad, con una anotación por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias, encargados de materializar extorsiones a mineros, ganaderos, comerciantes y autoridades civiles en las provincias de Valderrama, Norte y Gutiérrez en Boyacá.
Estas personas buscaban trabajo en fincas y minas, con el fin de identificar
potenciales víctimas de extorsión por parte del ELN en municipios como: Tasco, Socha, Socotá, Jericó, Chita y Paz de Río. Habitualmente entregaban los panfletos o citaciones firmadas por los cabecillas de este grupo.
Los dineros producto de las extorsiones eran para el sostenimiento del frente Adonay Ardila Pinilla y frente de Guerra Oriental del ELN.
Los capturados oriundos de Aguazul y Sácama Casanare, llevaban más de 4 años como integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del ELN, facilitando las finanzas ilegales a través del cobro de extorsiones, a quienes les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en el centro carcelario del municipio de Sogamoso.
Su judicialización permite neutralizar las intenciones criminales que tendría este
grupo contra la población civil, entidades del estado, mineros y ganaderos, diezmando su capacidad y accionar delictivo en el departamento, ante el delito de la extorsión.
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