El proyecto de vivienda Torres del Silencio, ubicado en el municipio de Yopal, sigue inmerso en una serie de problemas legales, económicos, judiciales y sociales, los cuales tienen preocupados a las actuales administraciones departamental y municipal, como también a los “beneficiarios”, muchos de ellos que aún están esperando que les entreguen sus apartamentos, mientras que otros que no son beneficiarios invadieron las construcciones allí realizadas.
Este proyecto ya cumple 9 años, y durante ese tiempo han sido más los problemas legales, demandas, invasiones a los apartamentos, mesas de trabajo (muchas de ellas no sirvieron de nada), oficios que vienen y van, reuniones estériles, entre otras, pero de soluciones aterrizadas nada, mientras se busca una salida a este asunto, los apartamentos y demás construcciones vienen padeciendo deterioro irremediable.
La cadena de errores con este proyecto fueron dadas a conocer en su momento por la firma interventora del proyecto “Servicios Integrales Arquitectura e Ingeniería”, quién desde sendas comunicaciones le advirtió a la gobernación de Casanare que el cogestor del proyecto y constructor del mismo Iader Barrios, no había cumplido con los tiempos del proyecto y por ende había que declarar el “incumplimiento” y proceder a la liquidación unilateral del convenio y hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, solicitudes que la gobernación no asumió lo que desencadenó en el problema actual de las torres habitacionales. De igual manera, en las comunicaciones de la interventoría se mencionaba que: las unidades habitacionales no cumplen con las condiciones de habitabilidad exigidas por la norma, ya que ninguna unidad se encuentra terminada de acuerdo a la ficha técnica, adicional a ello, como ninguna unidad habitacional fue entregada por el socio cogestor, resulta imposible la titularización de los mismos.
Concatenado con lo anterior, la interventoría dejó claro que el proyecto Torres del Silencio presenta un deterioro progresivo de sus actividades por la no intervención oportuna del socio cogestor a las patologías e intervenciones mecánicas presentadas en la estructura, la obra sufre una ocupación de hecho (invasión) lo que ha generado que haya destrucción de ventanas, puertas, inodoros, instalaciones eléctricas, deterioro por abandono, humedad, exposición a la intemperie, entre otras, situaciones a las cuales la gobernación de Casanare no realizó ninguna acción legal para contrarrestar la invasión de los apartamentos.
Ante toda esta cadena de errores en este proyecto, se está a la espera que la administración municipal de Yopal, declaré la “calamidad pública” para de esta manera entrar a intervenir los apartamentos, llevando a cabo el desalojo de las familias que allí se encuentran ubicadas, pero para tomar esta decisión se les deben garantizar a los habitantes de hecho un subsidio de arriendo, subsidio que máximo puede ser por 6 meses, tiempo en el cual se debe terminar la obra totalmente. Pero es en la declaratoria de calamidad en donde los dueños del proyecto no se han puesto de acuerdo, ya que el municipio no tiene los recursos económicos para la atención de las familias, como para la terminación de la obra, lo que se supone debe ser asumido por la gobernación quien finalmente es la dueña de la obra.
Mientras se define si se declara o no la calamidad pública en este proyecto, cientos de familias sigue esperando la entrega de sus apartamentos, otras siguen usufructuando los apartamentos sin tener derecho, y los órganos de control pasan inadvertidos frente al problema.
