La Procuraduría General de la Nación recordó el imperativo para todos los funcionarios de las ramas del poder público de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales. Por ende, ningún servidor público está habilitado para promover o alentar su incumplimiento. Es el acatamiento a la ley lo que garantiza la supervivencia de la democracia y el Estado de derecho.
Según la Procuraduría el único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso provee. La controversia de las providencias emanadas de los jueces en ámbitos distintos al judicial, atenta contra los principios de autonomía e independencia en que se cimenta esta rama del poder público, y que constituyen pilares esenciales de nuestra democracia.
De otra parte, la Constitución le señaló a la Procuraduría General de la Nación la competencia de velar por las garantías procesales de los ciudadanos que sean investigados dentro de una actuación penal.
Por consiguiente, la Procuraduría General de la Nación actuando en el marco de sus competencias constitucionales y legales, continuará ejerciendo su labor de vigilancia dentro del proceso penal que se adelanta en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, y, en ese marco, examinará la pertinencia de ejercer los controles procesales que la ley contempla para la medida de aseguramiento dictada en su contra, en procura de la preservación de la integridad del orden jurídico y la intangibilidad de las garantías procesales.
La Procuraduría General de la Nación, finalmente, exhorta a los colombianos a desactivar la pugnacidad y la extrema polarización que pueden estimular nuevos escenarios de violencia. A la crisis generada por la pandemia del Covid-19 no se le puede agregar una pandemia de odio que nuble el futuro, amenace la democracia y nos sume en una nueva noche de dolor.
