Desde hace unos meses se ha venido generando una fuerte polémica en la ciudad de Yopal, por la instalación de una serie de demarcaciones para la puesta en funcionamiento de bici carriles o ciclo rutas, por varias vías, las cuales presuntamente no cumplen con la normatividad vigente y adicional a ello se hicieron sin planeación.
Debemos mencionar que este proyecto fue fruto de un acto de filantropía, ya que los estudios y diseños le fueron donados al municipio por dos ingenieros, uno civil y el otro electricista, diseños con los cuales se montó el proyecto y se adjudicó el contrato de regalías número 1836 del 23 de diciembre del 2019, con un plazo de 3 meses, y con un valor de $4.185.980.740, los cuales se dividen en componentes:
- Demarcación vial: $747.147.460, se ha ejecutado el 50.39%.
- Habilitación de bici carriles $1.893.365.690, se ha ejecutado el 38.48%.
- Instalación de señales informativas $318.327.780, se ha ejecutado 43.86%
- Semaforización $1.157.181.410, se ha ejecutado el 90.40%.
- Plan de manejo de tránsito $60.558.400, ya se ejecutó
- Plan de adaptación guía ambiental $9.400.000, ya se ejecutó.
En total se ha ejecutado financieramente el 58.88% del contrato que equivale a $2.464.838.244, y físicamente el 71.71%.
Este contrato se suponía que debía entregarse en marzo del presente año, pero por varios motivos aún sigue en ejecución, ello debido a que desde que se firmó el acta de inicio el 27 de diciembre del 2019, ha tenido 6 suspensiones por diferentes motivos, entre ellos, que algunas vías están con huecos y altibajos, lo que no ha permitido la demarcación.
Adicional lo anterior, la interventoría de este contrato elaboró un concepto técnico que dejó mal parado la estructuración del proyecto, al evidenciar que varias de las vías a demarcar estaban en muy malas condiciones lo que no garantizaba la durabilidad de la pintura, aunado a ello se evidenció que varios sectores incluidos en el contrato ya se estaban interviniendo por otro contratista el cual debía demarcar dichas vías, es decir, incluyeron dos veces una misma vía para su demarcación.
Pero resulta que el informe presentado por la interventoría tenía que haberse dado a conocer antes del inicio de las obras y no en la ejecución de las mismas, ya que una de las funciones de la interventoría es revisar todo el contrato antes de iniciar su ejecución, situación que al parecer no se dio. Pero hay un hecho que es mucho más delicado en este proceso, y tiene que ver que desde el año 2016 cursa una acción popular en el Tribunal Administrativo de Casanare, en la cual se concluyó que la malla vial del municipio en su mayoría cumplió su vida útil, y por ende la solución definitiva es la reconstrucción de la misma , por lo que los trabajos de demarcación, señalización y adecuación de bici carriles sería a la postre un detrimento patrimonial, ya que esos trabajos tendrían que ser levantados para proceder a la recuperación o pavimentación de esos tramos, según la acción popular.
Es decir, que el proyecto tiene errores muy delicados de planeación, por lo que este contrato esta en riesgo de que no finalice, o de lo contrario, si lo culmina se verían inmersos las autoridades municipales en demandas ante la justicia por el despilfarro de los recursos públicos.
Pero lo que más ha generado polémica son los bici carriles, los cuales se viene adaptando a la izquierda de las vías, contraviniendo el Artículo 94 del Código Nacional de Tránsito, el cual, en las normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos, dice: Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y moto triciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: “Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo”.
Como se puede apreciar, este contrato está lleno de irregularidades, las cuales pueden estar desembocando en la terminación anticipada del mismo sin cumplir la totalidad de las actividades, y expuesto a que las obras que ya se han realizado deban ser removidas, lo que generaría detrimento patrimonial.
