El 24 de diciembre del 2019 la empresa de servicios públicos de Aguazul, Espa, en cabeza del gerente Jorge Alberto Bernal, suscribió presuntamente sin autorización de la junta directiva, un convenio denominada “Joint Venture” (Asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas), con las empresas Elecofasa International SAS y la Compañía Promotora de Proyectos S.AS, cuyo objeto es “es celebrar una alianza estratégica con el fin de diseñar e implementar un parque tecnológico y ambiental para el tratamiento y transformación de los residuos sólidos urbanos en aceites pirolíticos, gas de síntesis (SYNGAS) energía y biocarbón (biochar) dentro del marco de la economía circular, en el municipio de Aguazul, que se denominará “parque tecnológico y ambiental Aguazul”.
En el convenio se estableció que Espa, entregaría el terreno donde funciona la Planta de Manejo Integral de Residuos Sólidos, y los aliados estratégicos aportarán la suma estimada en $66.112.500.000, para las adecuaciones pertinentes con el fin de poner a funcionar el parque tecnológico, la duración del mencionado convenio fue establecido en 30 años, es decir, los privados administrarían el parque durante ese tiempo, y le pagarían a Espa, el 10% de las utilidades del parque tecnológico, y el 50% de regalías que se generen en bonos de carbono, los pagos serían anuales.
Las empresas privadas para blindar su inversión lograron incluir la cláusula decimo tercera, la cual dice “
Es decir, que si la empresa incumplía el contrato les pagaría a los privados 10 millones de euros, cerca de $44.600.000.000 (cuarenta y cuatro mil seiscientos millones de pesos de hoy).
La nueva gerencia de la empresa ante este contrato leonino para las finanzas de Espa, interpone una demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Casanare, argumentando que el mencionado contrato es ilegal, no cumple los requisitos de la Ley 80, el gerente no tenía facultades para firmarlo, en el contrato no se estableció la entrega formal del relleno sanitario mediante escritura, no hubo convocatoria de oferentes, entre otras irregularidades, y por ende, no permitió que los socios privados tomarán posesión del relleno en el mes de enero del presente año.
En la demanda la empresa solicitó medidas cautelares de suspensión provisional de los efectos del contrato denominado joint venture suscrito el 24 de diciembre de 2019 entre la Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S. A. E. S. P. y con Elecofasa International SAS y la Compañía Promotora de Proyectos S.AS, así como también el no pago de la cláusula de los 10 millones de euros, y ordena que el manejo y administración del parque tecnológico sea ejercido por parte de Espa.
Finalmente, el alto tribunal ordenó compulsar copias a la Procuraduría Regional y a la Fiscalía General en Yopal, para que inicien las investigaciones pertinentes al evidenciar en primera instancia violación de la ley, extralimitación de funciones por parte del entonces gerente de la empresa, y de poner en riesgo las finanzas municipales.
