En el año 2011 los diputados de la época le aprobaron al entonces gobierno departamental liderado por Martha Gonfrier, la Ordenanza 012 de 2011, por medio de la cual se expidió el presupuesto de rentas, recursos de capital y apropiaciones del departamento del Casanare, vigencia fiscal 2012, la cual según la demanda la aprobación de dicha Ordenanza fue ilegal, ya que los diputados desconocieron la Constitución Política de Colombia, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y el reglamento Interno de la Asamblea.
Según el demandante Jaime Montañez, los diputados de la época no podía delegar sus funciones al gobernador para modificar el presupuesto, ni para crear nuevos rubros, ni hacer adiciones presupuestales, competencias que son de estricto cumplimiento de los diputados.
La Procuraduría Regional de Casanare, en primera instancia, al hallarlos responsables disciplinariamente les impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 4 meses, convertida en salarios, y la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, en segunda instancia, modificó la sanción, disminuyó a 3 meses la suspensión en el ejercicio del cargo, convertida en el equivalente a 3 meses de salario devengado para la fecha de los hechos, esto es, $16.309.020; también se modificó la calificación de la falta, la que pasó de grave a título de dolo, a grave a título de culpa gravísima y el reproche se dio por la facultad otorgada al mandatario departamental en la aprobación de la Ordenanza.
Los exdiputados sancionados interpusieron una demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, contra la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría, demanda que fue rechazada el pasado 11 de febrero de 2021, por el Tribunal Administrativo de Casanare, en la demanda los exdiputados pedían adicionalmente que el ente disciplinario les devolviera los 15 millones que cada uno de ellos pagó por gastos de la defensa, como también ser excluidos del boletín disciplinario.
Los exdiputados que presentaron la demanda son Jorge García Lizarazo, Diego Humberto López Martínez, Luis Alexis García Barrera y Domingo Conde Rueda; los exdiputados sancionados por la Procuraduría pero que no demandaron fueron Alexander Barrera, Holger Rincón, Robert Larios, Jorge López, y Rodolfo Chaparro.
