La Plenaria del Senado aprobó en último debate, y por unanimidad, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, una iniciativa del Gobierno Nacional que lideró el Ministerio de Justicia y del Derecho.
En primera instancia, la iniciativa busca actualizar la regulación de dichos centros con el fin de mejorar las técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas de los estudiantes de Derecho. Esto con la idea de consolidar una mejor formación universitaria para una adecuada comprensión de la administración de justicia.
Otro de los objetivos del proyecto es mejorar el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable, para que pueda contar con una adecuada representación y asistencia por parte de personas con conocimientos jurídicos.
Además, pretende ampliar el número de personas beneficiadas con los servicios de los consultorios, dar voz a los ciudadanos y fortalecer el sistema de justicia a nivel territorial, conforme a las bases del Plan Nacional de Desarrollo y en el marco del Pacto por la Legalidad.
De acuerdo con el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, la aprobación de este proyecto que pronto se convertirá en Ley de la República contribuye a aumentar la confianza de los ciudadanos en los abogados. “La regulación del funcionamiento de los consultorios jurídicos contribuye a la formación integral de los profesionales del Derecho mediante el fortalecimiento de su función ética y social, y a la consolidación de las instituciones educativas como escenarios de aprendizaje práctico”, señaló.
Así mismo, el jefe de la cartera de Justicia dijo que este logro del Gobierno es una gran oportunidad para fomentar en los estudiantes de ciencias jurídicas una perspectiva de igualdad, respeto por la diversidad e inclusión. “Garantizar los ajustes necesarios para que los estudiantes, docentes y beneficiarios de los consultorios jurídicos puedan tener acceso y participar activamente en ellos en igualdad de condiciones, es una meta propuesta en este periodo de gobierno, que busca combatir la desigualdad y el alcance de la equidad”, destacó.
Dentro de los cambios más significativos que establece el proyecto de ley está la ampliación de los servicios hacia la conciliación en derecho y en equidad, la representación judicial y extrajudicial, las actuaciones administrativas y el litigio estratégico, y la prestación de servicios de mediación y de mecanismos de justicia restaurativa.
