Cifras escandalosas han resultado tras los procesos de revocatoria de mandato que se han desarrollado en Colombia. En un informe presentado por el Concejo Nacional Electoral (CNE) en el año 2017 se gastaron alrededor de 1.547 millones de pesos, en revocatorias adelantadas en tan solo 6 municipios de los departamentos de Bolivar, Sucre, Santander, Tolima, Norte de Santander y Cesar; en su momento el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo, indicó que la logística para las votaciones de una revocatoria costaría más de 100.000 millones de pesos.
Actualmente los costos de estas revocatorias son asumidos por los municipios, es decir por los mismos habitantes que residen en las ciudades donde se desarrollan estos procesos y otra parte por el Gobierno Nacional, sin embargo, no dejan de generar un gasto inmenso para las municipalidades y más teniendo en cuenta la grave crisis que vive el país actualmente como consecuencia de la pandemia por Covid – 19.
Con el millonario gasto que se realiza en un proceso de revocatoria varios analistas han determinado que este rubro bien podría ser invertido en proyectos de vivienda, incluso, para generar hasta 5.000 oportunidades de acceder a una casa propia, de acuerdo con el presupuesto que el gobierno nacional designa para este tipo de inversiones.
Uno de los casos más costosos y polémicos fue el del Alcalde Enrique Peñalosa el cual tuvo una proyección de 40.000 millones de pesos que serían gastados su proceso de revocatoria, el cual resultó fallido y además dejó varias investigaciones a sus promotores por presuntos intereses políticos.
Con todo esto, la pregunta que debe realizarse cualquier ciudadano es ¿Qué tan conveniente es realizar una revocatoria de mandato, en un momento tan caótico como el que atraviesan todos los colombianos? ¿Vale la pena derrochar más dinero por los intereses de unos pocos?
