El Tribunal de Paz reveló que durante 2002 y 2008 fueron víctimas de este fenómeno 6.402 personas. Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son los seis territorios críticos que estudia el alto tribunal en la primera fase de la investigación.
Después de imputar a los excomandantes de la guerrilla de las Farc por el delito de toma de rehenes o secuestro, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concentra sus esfuerzos en el Caso 03, conocido como Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados “falsos positivos”. Este jueves 18 de febrero, el Tribunal de Paz decidió hacer público los avances y la manera como priorizará su investigación. En ese sentido, aseguró que su periodo de interés en esta primera fase es entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, en el que se registraron, al menos, 6.402 víctimas.
Esta cifra se aleja considerablemente del informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la JEP, en la que sólo se registraron 2.248 víctimas, entre 1988 y 2014, concentrándose el 59.3% entre los años 2006 y 2008. Eso significa que son 4.154 más, según el Tribunal de Paz. Y el número puede aumentar, pues los “falsos positivos” datan desde la década de los ochenta y se estudian hasta el Acuerdo de Paz.
Aunque aún hay discrepancias en la magnitud del crimen investigado por la JEP, pues varían las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU); las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales, según la magistratura, “identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica”.
Otras cifras demuestran la importancia de priorizar este periodo. La magistratura halló, por ejemplo, que mientras en 2001 se presentaron 74 víctimas, en 2002 este número aumentó a 473, es decir, más de seis veces lo reportado en el año anterior. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
De acuerdo con la JEP, los territorios donde se priorizará la investigación son Antioquia, la Región Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. A través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad aseguró que esta decisión “se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”. Y reveló que el 66% del total nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
La JEP también contó que su estrategia para investigar a los militares involucrados fue “de abajo hacia arriba”: “Primero se identifican los partícipes determinantes y máximos responsables a nivel local. Posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, se determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a nivel regional y nacional”.
En la segunda fase de la investigación, la JEP espera abordar los hechos ocurridos en los departamentos de Arauca, Boyacá, Caquetá, Guainía, Guaviare, Sucre y Putumayo, entre otros.
Casanare: la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 llegó al primer puesto. La JEP pudo determinar que, para el periodo de 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes. “Casanare registró, para el periodo de análisis, el 7,9% del total de los casos, lo cual representa 179 víctimas directas, ocupando el segundo lugar después de Antioquia y antes de Cesar y Meta”, agregó la Jurisdicción.
El comportamiento de las unidades adscritas a la Cuarta División, sobre todo la Brigada VII y la Brigada XVI, condujo a la Fiscalía a adelantar investigaciones contra al menos un general, un coronel y 53 mayores. También adelantó 276 investigaciones contra 1.247 miembros de las unidades que conformaban dicha división.
La JEP pondrá su lupa, principalmente, en lo que respecta al territorio de la Brigada XVI, entre enero de 2005 y diciembre de 2008. La magistratura señaló que “se reportaron por parte de esta unidad un total de 24.324 resultados de muertes en combate, de los cuales, a partir del cruce con la base de datos construida por la Sala de Reconocimiento con los informes e información acopiada en el marco del Caso 03, se han podido identificar 7.279 muertes cuestionadas (algunas de estas ya han sido determinadas por las autoridades judiciales o disciplinarias como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate) asociadas a 9.197 hechos”.
La mayoría de ellos concentrados en los municipios de Aguazul (21,8%), Yopal (13,77%) y Monterrey (10,22%), y, en una menor proporción, en Támara, Tauramena, Paz de Ariporo y Hato Corozal, los cuales tuvieron, cada uno, una participación entre el 6 y el 9%.
De acuerdo con la información de los informes, afirmó la JEP, “se identificaron algunas características de los hechos que muestran que la victimización se produjo haciendo uso de desmovilizados e informantes, quienes identificaban a otros desmovilizados o personas señaladas de estar vinculadas con la criminalidad, principalmente, por parte de los miembros del Grupo GAULA Casanare”. Este perfil, además, fue definido por el comandante del batallón, el mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, quien consideraba esto permitiría dar visos de legalidad a los casos.
Las víctimas eran, principalmente, campesinos o personas que se dedicaban a labores informales del campo. Otros, explicó la JEP, tenían algún vínculo con grupos armados al margen de la ley o contaban con antecedentes penales. Y unos pocos estaban relacionados con el Ejército por la prestación del servicio militar o habían servido como informantes.
Meta: el Batallón de Infantería no. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. Además, para la JEP, es crucial priorizar esta unidad militar, teniendo en cuenta que concentra la mayor cantidad de integrantes investigados y de comparecientes voluntarios ante esta justicia.
La Sala de Reconocimiento les concedió a las víctimas acreditadas en el caso y a la Procuraduría General de la Nación un plazo de 15 días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en este auto.
Fuente. El Espectador.
