El proyecto de descontaminación del río Bogotá, a través de la construcción del interconector Tunjuelo – Canoas, al parecer, no se terminó por un entramado de corrupción que habría afectado el proyecto en su fase de planeación y ejecución.
Los hechos ocurrieron en el 2009 con la suscripción de un contrato de obra pública entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas. Los hallazgos administrativos con incidencia fiscal y penal por la no terminación de la obra habrían superado los $243 mil millones.
La Fiscalía adelantó procesos penales en contra de los exfuncionarios públicos, particulares y contratistas que se habrían apropiado ilegalmente del dinero. Por su parte, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio identificó bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros del proyecto Tunjuelo-Canoas.
Las medidas adoptadas por ente acusador cobijaron a 77 bienes avaluados en $27.044 millones ubicados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare). Entre los bienes afectados están predios rurales; entre ellos; una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre; además de inmuebles urbanos en Bogotá y Villavicencio (Meta); y varios vehículos.
Los titulares de los bienes afectados son: Jaime Buenaventura Quintero Sagre, Orlado Fajardo Castillo, Carlos Alberto Acero Arango, Carlos Alberto Solarte Solarte, Mercedes Lucía Garzón, Jaime Andrés Quintero Garzón, Inversiones y Construcciones del Castillo S.A.S., Inversiones del Siglo XXI (antes Constructora Fajardo Nieto), María Camila Fajardo Russi, Vianny Sayuri Fajardo Briceño, José Gustavo Fajardo Castillo, Luz Mary Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto.
Vale la pena destacar que también se afectó con medida cautelar de suspensión del poder dispositivo y embargo, una casa en Bogotá a nombre de María Eugenia Rojas de Moreno la cual, presuntamente, fue destinada para la comisión de una actividad delictiva.
