Luego del análisis de la contratación de los últimos 4 años de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la Contraloría General de la República ha detectado irregularidades en contratos ejecutados en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, por cerca de $5 billones.
El ente de control analiza la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de los suministros de carrotanques, los contratos del programa «Hambre Cero», la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.
Este es el desglose de las irregularidades encontradas hasta el momento durante esta investigación.
Contratación carrotanques en La Guajira, Córdoba, Bolívar y Boyacá
Luego de un análisis a la contratación de suministros de carrotanques en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la Contraloría General de la República advierte de un incremento del 700% para la contratación del 2024 por más de $37.5 mil millones. Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.
Por tal motivo, el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha decidido declarar de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.
“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría” aseguró el contralor en funciones y explicó que todas las actuaciones del caso estarán lidereadas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, “atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto”.
Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD este focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.
Igualmente se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.
Por esto, la Contraloría General de la República abrirá investigaciones por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país. Así mismo, compulsará las correspondientes copias a la Fiscalía General de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública; y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.
Irregularidades en 31 contratos del programa «Hambre Cero» (Ollas comunitarias)
La Contraloría General reveló, luego de un análisis minucioso adelantado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), significativas irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña. Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, Director de la Unión de Gestión del Riesgo.
Estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones, también fueron declarados de impacto nacional para que sean investigados por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, toda vez que fueron otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel. Se observa, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual, por lo que se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación.
Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
Contratación suministro de maquinaria amarilla
El ente de control advierte sobre un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022 a cerca de $227 mil millones en la vigencia del año pasado.
Dado el monto investigado, también en este caso, la Contraloría General decidió declarar estos hechos como de impacto nacional, a fin de atender un presunto detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales como: dobles pagos o maquinaria no utilizada.
A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21 mil millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado. De los hechos irregulares encontrados durante la investigación se compulsarán copias a la Fiscalía General de la Nación, toda vez que se observa un posible delito contra la administración pública.
Alto Riesgo en contratación de obras en Santander.
La CGR, tras un exhaustivo análisis de datos realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, (DIARI), emitió una contundente advertencia sobre los riesgos elevados en la contratación de obras por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en el departamento de Santander.
En los últimos cinco años, la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado sorprendentemente concentrada en ese departamento, alcanzando un 29.78% del total nacional. Este hallazgo surge de un análisis detallado de la información reportada por la UNGRD en su plataforma FIDUSAP.
Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la UNGRD por los mismos riesgos.
Hasta la fecha, ya se han pagado $37.087 millones de este contrato, el cual tiene como objetivo realizar obras de emergencia para controlar inundaciones y socavaciones en Girón, Santander. Sin embargo, en este mismo sector ya se habían ejecutado los contratos 9677-PPAL001-797-2021, 9677-PPAL001-199 2018, 9677-PPAL001-828-2017, y 9677-PPAL001-207-2018, con una inversión previa cercana a los $36.341 millones. Estos repetidos contratos plantean serias dudas sobre la eficacia y transparencia en la gestión de estos proyectos.
Desde el 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos suman la cifra de $4.9 billones, en Santander, una concentración de obras que resulta alarmante a juicio de la CGR. Desde 2016 en Santander se han ejecutado 43 contratos e interventorías por un total de $635.407.406.898, enfocados en mitigar riesgos de inundación y socavación en varios sectores, especialmente en Girón.
A este departamento le siguen Magdalena con (10.36%) y Putumayo con (8.71%).
La Contraloría ha identificado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, que ascienden a $317.325 millones. Esta acción es crucial para garantizar la transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos, ante los hallazgos que sugieren una posible repetición innecesaria de proyectos y un manejo cuestionable de los recursos destinados a la mitigación de riesgos.
La profunda y detallada analítica de datos realizada por la DIARI subraya la imperiosa necesidad de una vigilancia rigurosa sobre las contrataciones de la UNGRD, especialmente en el departamento de Santander, para prevenir el mal uso de dineros públicos y asegurar la eficacia de las obras de mitigación de riesgos.
