Desde el año 2019, el Instituto Financiero de Casanare, mantenía una diferencia contractual con la gobernación del departamento, debido a que está le reclamaba la liquidación de un convenio con la respectiva devolución de los recursos, los cuales ascendían a doce mil millones de pesos (los cuales eran para conceder créditos a campesinos), situación que agravaría la crisis financiera de la entidad, ya que del cobro de los intereses se pagaba parte de la nómina de la entidad.
Finalizando el año 2019, el secretario de agricultura del departamento, actuando como delegado del gobernador ante la junta directiva del IFC, solicitó a la defensa jurídica de la gobernación demandar al IFC, en busca de la devolución de los mencionados recursos, demanda que fue radicada en el Tribunal Administrativo de Casanare, el 19 de marzo del año 2020, inclusive habían sostenido una fallida conciliación.
Ahora bien, las partes llegaron a un acuerdo para ponerle fin a la demanda (el IFC le pertenece a la gobernación) en la cual, el IFC se compromete a devolver a la gobernación $7.974.269.584, por concepto de recuperación de cartera;
$37.910.000 de créditos no colocados; $31.067.147, por rendimientos financieros, hasta ahí la beneficiada es la gobernación de Casanare, ya que el IFC se queda con $3.925.730.416, que son de cartera de dudoso cobro (es decir pérdidas), pero si llegado el caso el IFC logra recuperar con sus propios recursos alguna parte de esa cartera, deberá girarle el 11% a la gobernación.
Como premio de consolidación la gobernación desistió que se condenará en costa al IFC; con este acuerdo, el instituto recibe un mortal golpe, ya que las deudas acumuladas más la cartera de dudoso cobro ascienden a más de cuarenta y cinco mil millones de pesos, lo que significa la quiebra de la entidad.
