El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, hizo un llamado a alcaldes y gobernadores salientes a incluir en los procesos de empalme que se llevan a cabo con los nuevos mandatarios locales, la información relacionada con la niñez, la adolescencia, la juventud, la familia, mujeres, género y discapacidad, insumo fundamental para la elaboración de los planes de desarrollo local de las administraciones 2020-2023.
A través de la Directiva 018 de 2019, el jefe del Ministerio Público reiteró que el informe preparado dentro del proceso de rendición de cuentas especial, establecido en el Código de Infancia y Adolescencia y en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, debe contener la información sobre lo que se hizo durante el periodo de gobierno 2016-2019, la evolución en la atención y la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y precisar en qué punto se encuentran estas políticas, qué faltó por lograr y los retos en el inmediato, mediano y largo plazo para el territorio.
Así mismo, solicitó entregar el inventario de políticas públicas relacionadas con esta población que se encuentren vigentes en el departamento o municipio, e indicar el estado de su implementación, al igual que los planes de mejoramiento formulados o en ejecución.
El jefe del Ministerio Público reiteró la necesidad de que los territorios avancen efectivamente en la disminución de las brechas existentes, especialmente en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, nutricional y el Programa de Alimentación Escolar; prevención del trabajo infantil y de las violencias físicas y psicológicas; del reclutamiento y atención de jóvenes desvinculados del conflicto; rutas de atención intersectorial implementadas para evitar el embarazo a temprana edad; programas de salud mental; derechos de la juventud; acciones realizadas para la prevención de la violencia juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes; protección de la mujer; eliminación de las violencias basadas en género; derechos de la familia; atención brindada a las personas mayores vulnerables; educación inclusiva y derecho a la educación.
Finalmente, instó a los nuevos gobernantes a desarrollar las acciones necesarias para que las atenciones integrales y en condiciones de calidad y dignidad a estas poblaciones, tengan continuidad desde el primer día de su administración, sin estar sujetas en modo alguno a dilaciones por la transición entre un gobierno y otro.
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