La Procuraduría General de la Nación advirtió que la falta de presupuesto, equipos interdisciplinarios y la sobrecarga laboral tienen al riesgo de colapso a las defensorías de familia, y en peligro la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de casos de violencia y maltrato, que en la época de pandemia se han disparado, especialmente en Bogotá y 9 departamentos.
La Viceprocuradora General de la Nación, Adriana Herrera Beltrán, reveló que una acción preventiva de vigilancia y seguimiento al trabajo que desarrollan las defensorías de familia dejó al descubierto que ante la falta de equipos interdisciplinarios completos, el término establecido en el Código de Infancia y Adolescencia, reformado por la Ley 1878 de 2018, para verificar las denuncias no se cumple. Aún se trabaja en casos de 2008.
“Esto demuestra que el Estado tampoco está llegando a tiempo para salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes con derechos presuntamente vulnerados o amenazados, evidenciándose que las defensorías de familia no logran atender toda la demanda de manera oportuna, y no cuentan con los equipos interdisciplinarios completos, de los que deben hacer parte psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas”.
Sostuvo que con la emergencia sanitaria por el covid-19, los procesos administrativos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes fueron suspendidos desde el 17 de marzo al 28 de agosto de 2020, hasta que el Consejo de Estado ordenó al ICBF su reactivación.
Insistió la Viceprocuradora que la violencia y el maltrato contra los niños, niñas y adolescentes va en aumento en el país, especialmente en Bogotá y los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, y Santander y Valle del Cauca, y que de no fortalecerse a las defensorías de familia “llegará el momento en que la congestión de sus despachos colapsará y conllevará a la pérdida de competencia de los procesos”.
La Procuraduría identificó que de los servidores públicos que hacen parte de las defensorías de familia, actualmente cuentan con recomendaciones médico-laborales para el ejercicio pleno de sus funciones el 79,21% de los defensores de familia, el 28,5% de los trabajadores sociales y el 22,58% de los psicólogos. Así mismo el 59% de las defensorías encuestadas no cuentan con equipos interdisciplinarios completos, y carecen de secretarios, sustanciadores y notificadores, funciones que los profesionales también deben asumir.
Según el informe, los contratistas que el instituto vincula para apoyar en la descongestión de las defensorías de familia siguen siendo insuficientes para la oportunidad en la atención que se necesita, cuando se trata de restablecer derechos fundamentales de la infancia, la adolescencia y la juventud.
La Viceprocuradora señaló que, ante este panorama, el Ministerio Público intervino y logró “reducir en 53,71% la población en situación de vulneración de derechos con respecto a la cifra inicial que dio origen a esta vigilancia por parte de la PGN. Fueron capacitados 10.611 funcionarios públicos y privados para fortalecer y cualificar a los profesionales inmersos en tareas y responsabilidades relacionadas con la niñez y adolescencia de nuestro país”.
Puntualizó que también se convocó al “Ministerio de Salud y Protección Social a implementar rutas de atención especializadas para el apoyo a la población con discapacidad, consumidora de sustancias psicoactivas y bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y con base en la Ley 1996 de 2019 se logró que ICBF abriera 4.953 cupos para atención integral a menores de edad con discapacidad, quienes no tenían derechos amenazados o vulnerados”, sino una inobservancia de sus derechos.
