Por solicitud de un fiscal de la Seccional Vichada, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra cuatro personas, a quienes el ente investigador imputó por delitos como: tráfico de niños, niñas y adolescentes agravado; y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso heterogéneo sucesivo, según sus responsabilidades individuales.
Se trata de tres familiares de la víctima: el papá, de 50 años; la mamá y la tía; además de un hombre, de 66 años, a quienes los indígenas denominan como “colono”, por ser foráneo. Los cuatro se habrían puesto de acuerdo para intercambiar a una menor perteneciente a la etnia Sikuani de la comunidad La Morenita, en jurisdicción de Cumaribo (Vichada).
Los hechos ocurrieron en mayo de 2017 en Cumaribo (Vichada), y fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía en 2019 por funcionarios de la comisaría de familia de la región.
La investigación permitió establecer que los padres de la víctima habrían entregado a su hija de 12 años de edad, para la época de los hechos, a un colono quien en cambio les dio a los padres una atarraya, una hamaca, un chinchorro y otros objetos. La entrega de la menor habría sido realizada por la tía.
El material de prueba recaudado permitió establecer que, tras recibir a la menor, el colono convivió con la menor por un año, tiempo durante el cual sostuvo con ella relaciones sexuales.
Los procedimientos de captura de los procesados estuvieron a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia en Cumaribo (Vichada) cuando los implicados salieron de la comunidad indígena. En el caso del colono, su detención se produjo cuando regresó a la zona en la que se presentaron los hechos.
Durante las audiencias concentradas, que contaron con el acompañamiento de un defensor de familia y un traductor de asuntos indígenas, el juez decidió enviar a establecimiento carcelario a los padres de la menor; lo mismo que al colono. La tía recibió detención domiciliaria por encontrarse en último periodo de gestación.
Desde que se tuvo conocimiento de los hechos la víctima fue puesta bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Puerto Carreño (Vichada) para el restablecimiento de sus derechos.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.
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