El mayor (r) Gustavo Soto Bracamonte le reveló a la Jurisdicción Especial para la Paz la cronología de ejecuciones extrajudiciales que conoció y aprobó para mostrar resultados al alto mando militar. Defensa del alto oficial (r) dice que esta versión es «inverosímil». “Donde yo me oponga, donde yo diga que no, donde yo no siga los lineamientos de la brigada, muy seguramente me relevan del cargo, me echan de la Fuerza y pierde uno todo porque uno queda desamparado, en la calle. Son situaciones que se presentan y uno se involucra en esa situación ilegal también para que no le vaya a pasar a uno nada. Y más con el señor general (Mario) Montoya. El general Montoya era una persona muy arbitraria. Siempre lo he dicho con las personas privadas de la libertad, eso (Montoya) fue lo peor que le pasó al Ejército, porque era un militar que no pensaba, él siempre daba las órdenes arbitrariamente, sin pensar”. Así de cruda fue la respuesta del mayor retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, excomandante del Gaula Militar Casanare, cuando le preguntaron en la Jurisdicción Especial para la Paz por qué nunca se negó a asesinar a civiles para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate.
Su testimonio, recogido por los magistrados de la JEP Óscar Parra y Catalina Díaz el pasado 7 de diciembre, dura más de seis horas y constituye una bitácora de confesiones sobre cerca de 80 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por sus hombres mientras ofició como jefe del Gaula Casanare entre junio de 2006 y octubre de 2007. En la práctica su jefe era el entonces coronel Henry William Torres Escalante, que fungía como comandante de la Brigada 16 con sede en Yopal, aunque no dependía funcionalmente de él. Años después Torres Escalante se convertiría en el primer general en ser detenido y acusado por la Fiscalía por los asesinatos de dos civiles en su jurisdicción, en hechos ocurridos en 2007. Precisamente, Torres Escalante le dio la bienvenida cuando lo trasladaron a ese lugar. Ahí, sostuvo, empezó su calvario. “En ese momento me felicita por haber llegado a una unidad élite, pues se encontraba, si no estoy mal, entre las 8 o 10 mejores del país por muertos. Eso era lo que sumaba en ese momento. Ya como que el casete (se) me empieza a cambiar. Una cosa dice la dirección de Gaulas: secuestro y extorsión. Y cuando llego a la brigada ya la cosa no era eso, allá lo que exigían eran muertos, presentar muertos (…) Y es cuando yo siento la presión”, aseguró el oficial en retiro.
Quería ser general, aclaró. Entonces explicó que el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, impuso un régimen de presiones por resultados y números en bajas que pronto derivó en una competencia entre la Brigada Cuarta,
con sede en Medellín, y la 16, con sede en Casanare. Justamente, relató el mayor Soto Bracamonte, en el centro de operaciones de la Brigada 16, Montoya Uribe ordenó colocar un tablero en acrílico para llevar las estadísticas y tener el registro del último día en que esa unidad había reportado un muerto. Fue así como se dio una especie de rivalidad por éxitos operacionales entre el Batallón de Infantería Ramón Nonato, con sede en Tauramena, y el Gaula Casanare. El tablero del general Montoya estimulaba la contienda. “Desde que inicié el primer, segundo día, tercer día de comandante, ya me dijeron que cuándo iba a despegar (…) Entendí perfectamente que allá lo que esperaban eran muertos”.
Su relato resulta esclarecedor para entender cómo terminó una unidad militar, creada inicialmente para combatir la extorsión, deformada por una vorágine de asesinatos y pactos ilegales para torcer los números del conflicto. “A mí no me quedaba tiempo para buscar a los secuestrados. Prácticamente lo que llegaba (en recursos), en vez de gastarlo en rescate o pagando rescates, tocaba invertirlo en otras cosas porque la presión era muy fuerte”, señaló Soto Bracamonte y añadió: “En el año 2007 firmé un acta de compromiso donde yo debía dar, es que no recuerdo, si 20 o 25 muertos. Yo la firmé directamente. ¿Por qué razón la firmé? Porque el comandante de la División en su momento, (general) Guillermo Quiñones Quiroz, le puso una cuota a la brigada y la cuota fueron 100 muertos. Allá no dijeron: ‘Usted allá me da tantas capturas’. No, 100 muertos. Entonces con eso es más claro que lo que me estaban exigiendo eran muertos”.
Pero, según dijo, cuando estaban ad portas de cumplir las metas, de nuevo el general Guillermo Quiñones cambió los números y las exigencias al coronel Henry William Torres Escalante: “Luego de que la brigada llevaba 98, 99 muertos, el comandante de la División dijo: ‘Coronel Torres, ya la cuota no son 100, son 130. ¿Oyó?’”. En ese momento de la diligencia, el alto oficial en retiro insistió en que esas prácticas criminales no comenzaron en 2006, que venían de mucho tiempo atrás, pero que tampoco quería hacer acusaciones que no le constaran del todo. Entonces el magistrado Parra le preguntó al testigo cómo fue la génesis de ilegalidades cuando asumió la comandancia del Gaula. El mayor Soto agregó que el coronel Torres Escalante lo “apretó” por positivos, que lo citó a su oficina en la Brigada 16 y que ese día le presentó a dos enlaces para realizar estos crímenes: Wilson Rodríguez Mimisica, desmovilizado del grupo paramilitar de alias Martín Llanos, y José Ovidio Díaz.
“Me dice (el coronel Torres): ‘Vea, (este) conoce unos bandidos que están allá en Villavicencio, él los saca’. Pues ya cuando el comandante de la brigada habla en esos términos, pues ya uno entiende totalmente cuál es la política que maneja el comando de la brigada”. En ese instante, narró, supo que esos señores eran informantes del coronel Torres y, además, reclutadores de civiles. Y, siguiendo órdenes, empezó a trabajar con ellos. Usó dineros de gastos reservados para pagar esas operaciones ilegales, pagarles a Rodríguez y Díaz y comprar las armas que les plantaban a las víctimas para simular los combates. A veces, incluso, cuando
escaseaba el dinero, tocaba pedirlo prestado; pero, insistió, había que dar resultados y reportarlos y poner esas cifras en el tablero de acrílico. “Muchas veces no había dinero y si no había no podía decirle al reclutador: ‘Oiga, espéreme que consignen’. No, uno tenía que conseguirlo y posteriormente se hacía la legalización”.
“Expertos para matar”
Seguidamente, Soto Bracamonte manifestó que en su reunión con el coronel Torres Escalante, este le dijo: “Te voy a mejorar el equipo de fútbol” y, para eso, además de gestionar el enlace con los reclutadores, trasladó a varios soldados “flojos para matar”. De acuerdo con su versión, que hoy verifica la JEP, el coronel Torres Escalante le envió varios suboficiales que manejaban información de estas operaciones criminales. ¿Cómo eran estas personas?, indagaron los magistrados. “Eran expertos para matar”. El mayor (r) aseveró que conocían el área, se movían bien en la zona, tenían contactos claves y casi que un protocolo establecido para escoger a las víctimas. En muchos casos se trató de desmovilizados de grupos guerrilleros o de autodefensa. De toda esta estrategia supo, insistió Soto, el coronel Torres Escalante. Es más, aseguró, de estas muertes irregulares primero le informaban a Torres.
El oficial en retiro sostuvo que Wilson Rodríguez Mimisica le entregó entre 12 y 15 víctimas y que los reclutadores, incluso, “aprovechaban hasta extorsionarlo a uno porque sabían que uno necesitaba presentar resultados”. Como el Gaula Casanare manejaba más recursos por el tema antiextorsión, se “pagaba” mejor por “los muertos”. Los civiles engañados eran de Villavicencio (Meta) y Villanueva y Monterrey (Casanare). El desmovilizado Rodríguez Mimisica, sin embargo, ha dado una versión distinta. En el informe que la Fiscalía le presentó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el año pasado sobre ejecuciones extrajudiciales, quedó consignado que, según el exparamilitar, Soto Bracamonte “lo presionaba y amenazaba por información y le hacía firmar bajo presión actas sobre presuntos integrantes de grupos armados ilegales de los cuales él no tenía conocimiento”.
A renglón seguido, el testigo contó varias anécdotas para retratar al general en retiro Mario Montoya Uribe —hoy también en la JEP por estos hechos—. Habló, específicamente, de una reunión en la capital del Meta, ordenada por Montoya, hacia agosto de 2006. Allí estuvieron los comandantes militares de la zona. En dicho encuentro, relató, los oficiales tuvieron que hacer una presentación en el auditorio para mostrar resultados. “Viene el general Montoya y empieza a hablar de muertos, ahí era muertos. A mí no me pasó nada porque el otro mayor (su antecesor en el Gaula Casanare) me había dejado como 10, y yo llevaba como 14 muertos. O sea que pasé sin llamado de atención”.
Otra suerte corrieron otros de sus compañeros. Al coronel que estaba al frente del batallón Joaquín París, en San José del Guaviare (Guaviare), lo regañó. “Le dijo: ‘Mi coronel, usted qué piensa, cero muertos, mire a ver, dígame si es que allá no
hay nada que hacer. Si eso es no más (que) poner el batallón en línea, dispare y vaya y recoja’. Eso me llamó la atención. Y ahí dijo: ‘Seis meses es mucho para un mal comandante y muy poco para uno bueno. Hermano le doy un mes más, si no, lo relevo’. Y, efectivamente, lo relevó (…) A él le interesaban eran los litros de sangre”.
Esa expresión, añadió Soto Bracamonte, la oyó ese día, “y a esa reunión asistieron por lo menos unas 150 personas, no era ningún secreto”. Entonces volvió sobre la personalidad del excomandante del Ejército: “Siempre fue una persona que instigaba, arbitraria, que con sus gritos relevaba (…) Con sus amenazas todo el mundo le tenía miedo y él tenía el poder para trasladarlo a uno, para hacerlo echar”. El declarante contó que Montoya siempre ascendía a quienes tenían medallas de orden público, es decir, a quienes mostraran los mejores resultados en número de bajas. “Montoya siempre hablaba de litros de sangre y eso en el Ejército significaba muertos”. En ese instante puso otro ejemplo del contexto de presiones: ocurrió en 2007 durante otra visita del comandante del Ejército a la Brigada 16. “Llegó el general Montoya y dijo: ‘Mi coronel Torres (Escalante), esta brigada lleva 15 días sin un muerto, hermano. Esto es un mensaje subliminal para que lo releve del cargo”.
Uno de los oficiales más salpicados por sus revelaciones es el hoy general Henry William Torres Escalante, quien fue detenido y acusado por la Fiscalía por las muertes de Daniel Torres y su hijo Roque, ejecutadas en 2007 por hombres de la Brigada 16 que los hicieron pasar por supuestos milicianos del Eln. En realidad, Roque Torres lo que estaba haciendo era denunciando los falsos positivos de esa brigada. Y así lo hizo constar en una declaración judicial tomada siete meses antes de su asesinato. Hoy Torres Escalante también está en la JEP. Pero el testimonio del mayor Soto Bracamonte lo pone en nuevos apuros judiciales: no solo lo vinculan a otros hechos ilícitos, sino que entregó detalles, documentos y órdenes de operaciones falsas para justificar esas muertes. Su versión constituye un aporte fundamental para el esclarecimiento de decenas de homicidios cometidos en Casanare entre 2006 y 2007.
