En enero de 2018 creció el número de contratos directos en un 143,43, respecto al mismo mes de 2017, os recursos asignados a la contratación directa en enero de 2018 [$3,31 billones], superaron en 101,33 lo contratado en enero de 2017. Una vez iniciada la vigencia de la ley de garantías (enero 27/18) varias entidades territoriales violaron la norma, al seguir contratando directamente.
Es por ende que, el Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, dio a conocer el estudio realizado por la entidad acerca del comportamiento de la contratación directa previo al inicio de la Ley de garantías y los procesos electorales que enfrenta nuestro país, en el cual, Casanare no aparece en los primeros lugares.
Para la Auditoría General el resultado del estudio es más que preocupante por el desborde de la contratación que concluyó en 127.643 contratos, generando un aumento del 143,43 si se compara con el mismo mes del año anterior, cuando se suscribieron un total de 52.435 contratos. Se destaca también el monto de recursos contratados el cual asciende a $3,31 billones, 101,33 más que en 2017 ($1,64 billones).
Entre los municipios que más contrataron mediante la modalidad de contratación directa durante el primer mes del 2018, se encuentran: Medellín con 8.928 contratos por valor de $554.688,86 millones, seguido por Cali con 4.816 contratos en cuantía de $240.432,48 millones, Cartagena 6.819 contratos por valor de $206.651,25 millones y Barranquilla con 3.548 contratos en cuantía de $117.519,37 millones, entre otras.
En el transcurso de los cuatro días previos a la entrada en vigencia de la Ley de garantías, las entidades territoriales suscribieron por contratación directa, un total de 43.734 contratos por valor de $1,39 billones, correspondientes al 41.87 del monto total contratado en esta modalidad en el mes de enero de 2018.
De las distintas regiones que conforman el territorio nacional, el Eje Cafetero es la que más recursos comprometió en el mes de enero de 2018 a través de la contratación directa, con $1 billón (30.38 del total de contratación en las regiones) con 30.539 contratos, seguida por la región centro oriente en donde se suscribieron 33.080 contratos por valor de $710.407,00 millones.
Este vertiginoso proceso de contratación que llevaron a cabo las entidades territoriales en tiempo récord para cumplir la Ley de garantías y al mismo tiempo con los programas y proyectos consagrados en los planes de desarrollo regionales, ponen en evidencia lo siguiente, recalca el auditor Rodríguez Becerra:
· La Ley de garantías, genera riesgos innecesarios a los gobernantes territoriales, dado que con la premura del tiempo pueden cometer errores en las etapas de planeación contractual que afectan la gestión pública de estas entidades.
· Encuentra la AGR que esta ley ha generado una sobrecontratación previa a la entrada en vigencia de la misma, dado al crecimiento acelerado y desmesurado tanto en el número de contratos celebrados, como en el monto total de los mismos, situación que hace vulnerable el estatuto de contratación de la administración pública.
· Esta ley, no se adecúa a las necesidades actuales de las entidades públicas dado que el «afán de contratación» hace inocuo el principio de planeación, cuando obliga a comprometer gran cantidad de recursos en los primeros días del mes de enero, cuando apenas se había logrado realizar el cierre presupuestal de la vigencia anterior.
Por último, llama la atención de la Auditoría General de la República la violación a la citada normatividad, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley; es así como del análisis realizado por este organismo de control a la información reportada por las entidades territoriales, se encontró que entre el 27 y el 31 de enero del presente año, se celebraron un total de 86 contratos que superan los $3.146 millones.
