Después de 8 años de investigación fiscal por parte de la Contraloría Delegada Intersectorial 18 de Bogotá, el pasado 25 de mayo del presente año, se concluyó que los exfuncionarios de la gobernación de Casanare Henry Silva Meche, quién se desempeñaba como secretario privado de la gobernación y Luis Carlos Aponte, director de Planeación departamental, ambos en el gobierno de Raúl Flórez, y al actual funcionario de carrera administrativa Armando Muñoz, quien fungió como supervisor del convenio, y el contratista Corporación Gerencia de Proyectos GP, cuyo representante legal era Raúl Granados Vásquez, son responsables por la pérdida de $926.455.298, en un contrato para estructuración de vivienda en el departamento.
La historia se remonta al año 2009, cuando la gobernación firma el convenio 024 del 2009, que tenía por objeto “Estructuración de 2.445 soluciones de vivienda nueva de interés social y de mínimo 2.933 mejoramientos de vivienda con entorno saludable, en Casanare”, actividades que fueron cambiadas por Aponte y Granados, sin justificación técnica por 3.405 soluciones nuevas y 1.983 mejoramientos; por valor de $1.806.028.437, los cuales, se les canceló totalmente al contratista sin haber cumplido la totalidad de las actividades del convenio; ya que dicho contratista, solo entregó 1.780 soluciones nuevas, y 1.336 mejoramientos.
Hay varios hechos insólitos en la ejecución de este convenio, por un lado Luis Carlos Aponte y César Granados, no acudieron a rendir versión libre, a pesar de haber sido requeridos, y para el caso de Granados, le nombraron una abogada de oficio. Concatenado con lo anterior, resulta también insólito que el contratista reconozca que ejecutó el contrato sin planeación y sin orden las actividades; de igual manera, encontró la Contraloría que los supervisores del convenio fueron negligentes con sus funciones, y permitieron la ejecución del convenio sin planeación, y adicional a ello, autorizaron el pago total del convenio sin haberse ejecutado a plenitud.
Por todo lo anterior, la Contraloría Delegada, Falla con responsabilidad fiscal en contra de los señores anteriormente señalados y en forma solidaria en $926.455.928,63. Es de aclarar que Armando Muñoz, es actual funcionario de carrera de la gobernación, y por ende al ser encontrado responsable, se le genera una inhabilidad sobreviniente, por lo cual no puede contratar con el Estado ni ocupar cargos públicos.
