Así lo concluyeron congresistas, autoridades y delegados de diversos sectores de la sociedad durante un balance que se hizo a la aplicación de las normas que garantizan seguridad, convivencia y buen comportamiento ciudadano en el país, en sesión realizada en la Comisión Primera. De acuerdo con el representante Harry González, promotor de la reunión, “con el nuevo Código de Policía lo que se busca es que las multas y las sanciones no sean lo esencial, sino que tengamos comunidades capacitadas, educadas, informadas y autoridades persuasivas”. “No queremos ver sancionar a más ciudadanos y no debemos estigmatizar los derechos de los vendedores informales, porque el Código de Policía es una herramienta de convivencia y no de intimidación y represión”, explicó. González reiteró que el Ministerio de Educación no está ayudando a difundir la capacitación del nuevo Código ni la convivencia. La representante Clara Rojas manifestó que el nuevo Código no ha sido apropiado por la sociedad, por lo que se necesita más esfuerzo de alcaldes y gobernadores para ese propósito y una mayor coordinación interinstitucional.
Para masificar la información del Código, Rojas pidió más compromiso y avance del Ministerio de Educación, tras afirmar que los ministerios de Justicia e Interior han apoyado la difusión de las normas y que la Policía no se encuentra sola en el objetivo de garantizar el comportamiento ciudadano.
El también representante Edward Rodríguez se declaró preocupado, porque los policías no conocen el nuevo Código y se ha prestado para la corrupción. “No se ha cumplido con la misión del Código que es prevenir y lo que se necesita en Colombia es más pie de fuerza, pero capacitado”, anotó.
“No hay conocimiento del Código de Policía entre la ciudadanía”, advirtió el representante Santiago Valencia, mientras que su colega Inti Asprilla calificó la aplicación de las nuevas normas de comportamiento como “una aberración inmoral” a la hora de hacer los decomisos de los vendedores informales, “obedeciendo órdenes ciegas” de alcaldes y gobernadores, en su intento de solucionar los problemas del espacio público.
Según el representante Germán Navas los uniformados deben corregir las causas que generan constantes quejas y maltrato permanente a los ciudadanos.
El mayor general Omar Rubiano, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, aclaró que su institución no administra los recursos producto de las
sanciones del Código de Policía y que se identifica con que “las multas no pueden convertirse en la única condición para que los ciudadanos tengan un buen comportamiento”.
Sin embargo, precisó que en materia de espacio público la Dirección de la Policía no apoya que ninguno de sus integrantes atente contra alguien. Igual pidió trabajar de la mano de los alcaldes, los gremios y demás sectores sociales para evitar extralimitaciones de los uniformados y capacitarlos de manera sencilla pero eficiente.
El Presidente de la Federación Colombiana de Departamentos, Felipe Córdoba, dijo que el nuevo Código de Policía es efectivo para mantener el orden público, pero “golpea las finanzas territoriales y la convivencia en esas regiones”, ya que algunas de sus normas han provocado la reducción del impuesto al consumo en todo el país en $120.000 millones, desde su aplicación.
