Un verdadero caos administrativo, evidenció la Contraloría General de la República, en la auditoría realizada a las alcaldías de Paz de Ariporo y Hato Corozal, y a las secretarías de educación y planeación (por no hacer capacitaciones) de la Gobernación de Casanare, en relación con la inversión de los recursos del Sistema General de Participaciones en el componente de minorías étnicas, para las vigencias 2012 al 2016. La auditoría se enmarca en la orden dada por el Tribunal Administrativo de Casanare, al fallar una tutela interpuesta por la Defensoría del pueblo en el 2016, e incluye vincular al proceso a Acuatodos, ICBF, el DPS y Capresoca.
Los resultados presentados por la Contraloría, dan cuenta que los recursos del Sistema General de Participaciones –Asignación especial, transferidos a los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, no cumplen con los fines previstos en la Constitución y la Ley 715 de 2001, toda vez que a pesar de recibir oportunamente las transferencias de la Asignación especial para el resguardo indígena de Caño Mochuelo, los municipios no ejecutaron dichos recursos, no adelantaron acciones pertinentes para la suscripción de los respectivos contratos de administración con la autoridad indígena del resguardo; adicional a ello, la precaria inversión realizada no cumple con el plan de vida de la comunidad del resguardo, ni satisface sus necesidades básicas, y por ende la condiciones de infraestructura (vías de acceso al resguardo), salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento básico, son precarias.
En relación a educación, durante el 2014 al 2016, se realizaron los respectivos contratos directamente con el cabildo, sin embargo, la atención en etnoeducación, presenta debilidad, debido a la carencia de modelos educativos pertinentes y permanentes para tal población, sumado a ello, está el bajo números de docentes cualificados, los cuales tienen bajo nivel de compromiso y sin preparación para asumir el proceso pedagógico, se evidencia baja asignación de recursos para el diseño de material apto para el aprendizaje; ausencia de una política que reconozca en todas sus dimensiones los saberes ancestrales, la falta de coordinación y articulación intersectorial, y la falta de infraestructura educativa apropiada para desarrollar la tares educativa.
No se ha implementado un proyecto etnoeducativo comunitario, que apunte al fortalecimiento de la comunidad indígena en cuanto a su dignidad, derechos fundamentales, la autonomía sobre su territorio, su identidad cultural, la adecuada conservación y buen uso de los recursos naturales.
En cuanto a salud, se estableció para las vigencias auditadas una prestación del servicio deficiente y de baja calidad por parte de Capresoca, la cual cuenta con una insuficiente red prestadora del servicio. Las IPS realizan brigadas la cuales se instalan preferentemente en lso asentamientos con mejor infraestructura, dejando a otros asentamientos sin el servicio. La EPS no cuenta con un programa de salud con enfoque diferencial (medicina alópata). Aunado a ello, se revisaron varios contratos los cuales fueron mal elaborados lo que generó hallazgos de tipo disciplinario y penal.
El total de recursos girados de diferentes fuentes y entidades para el resgaurdo Caño Mochuelo para la vigencia 2012-2016 fue de $12.666.800.000, de los cuales, le fueron girados a los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal la suma de $2.086.027.695 del sistema general departicipaciones asignación especial.
Finalmente, las entidades DPS e ICBF, fueron los únicos que desarrollaron proyectos sostenibles y de gran impacto con las comunidades del resguardo.
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