A la Defensoría del Pueblo le fue entregada la investigación sobre Índice Global de Impunidad Colombia 2019, este fue un trabajo conjunto entre la Fundación Paz & Reconciliación (Fundación Pares) y la Universidad de las Américas Puebla, México, El Índice Global de Impunidad es un instrumento de medición cuantitativo internacional que da cuenta del funcionamiento y las capacidades de los sistemas penitenciario, de seguridad, justicia y derechos humanos en los 32 departamentos del territorio colombiano.
Según el estudio en Casanare los principales delitos se encuentran relacionados con la intolerancia y la criminalidad común. Los cinco delitos más recurrentes en el departamento son: Lesiones personales. Hurto. Violencia intrafamiliar. Inasistencia alimentaria. Hurto residencias. De los 10,669 delitos ocurridos en el departamento, el 76% está en indagación y sólo el 33% se encuentra activo. Del 0.8% de delitos que llegaron a etapa de investigación, sólo el 75% se encuentra activo, es decir, 65 delitos y el 2.4% alcanzó sentencia y se encontraba en ejecución de pena.
Casanare es el departamento con menor impunidad de su grupo y ocupa el puesto 29 en el ranking general, lo que lo clasifica en un nivel medio de impunidad. Lo anterior se explica por el buen desempeño en los componentes funcionales de los sistemas de justicia y seguridad. En efecto, Casanare tiene un número de agentes de Policía Nacional muy por encima del promedio nacional, al igual que otros departamentos petroleros como Arauca y Meta, dadas las condiciones del Plan Colombia y la amenaza que supone la extorsión a dichas empresas por parte de grupos al margen de la ley. Adicionalmente, a pesar de la presencia de dichos grupos, el desplazamiento no es frecuente en el departamento como tampoco lo es el secuestro. De otro lado, Casanare presenta un bajo porcentaje de encarcelados sin sentencia en primera instancia. En contraste, aunque el número de magistrados y jueces se encuentra por encima del promedio de departamentos del país que es de doce, el número de magistrados de tribunal superior está muy por debajo del promedio que es de 1, al igual que el personal penitenciario entre reclusos y capacidad instalada.
