Desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 25 de febrero de 2019 la Misión de Observación Electoral -MOE- ha registrado 107 líderes políticos, sociales y/o comunales víctimas de violencia política a nivel nacional. De estos, 34 (32%) fueron asesinados. Estas cifras corresponden a un promedio de 1,2 líderes víctimas de agresiones por día, es decir, en Colombia se agrede a más de un líder por día.
Cauca sigue siendo el departamento más golpeado por la violencia contra líderes políticos y sociales (18 víctimas, 8 de ellas asesinadas), seguido por La Guajira con 16 víctimas (15 amenazadas), Antioquia con 10 víctimas (4 asesinatos), Valle del Cauca con 8 víctimas (2 homicidios) y Bogotá y Norte de Santander con 7 víctimas cada uno (7 amenazadas y 5 asesinadas respectivamente).
Para el caso de la Orinoquia colombiana, el departamento de Casanare, figura como la entidad territorial con menos violencia de líderes políticos y sociales, al registrar un caso de amenaza, mientras que Arauca presenta 3 casos (1 amenaza y 1 atentado), el departamento del Meta presenta dos asesinatos.
La MOE llama la atención sobre el alto número de asesinatos ocurridos en los territorios del posconflicto, equivalente al 73,5% de los homicidios registrados. Así, pese a que deberían estarse implementando de manera prioritaria programas de inversión en torno a la consolidación de la paz en las regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, 13 de estas 16 regiones presentan agresiones en contra de líderes políticos, sociales y comunales.
Para el coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, Camilo Vargas, “La violencia es más letal entre más local es el liderazgo. Los líderes comunales son lo más afectados por los homicidios, mientras que los líderes políticos son sujetos especialmente de amenazas”.
Desde 2016 se han detectado patrones que dan cuenta de los factores que incrementan la vulnerabilidad de quienes tienen roles de representatividad en todos los niveles territoriales. Así, “la violencia política suele aumentar cuando hay votaciones, se concentra en los mismos cinco primeros departamentos y se centra en regiones con presencia de economías ilegales”, sostiene Camilo Vargas.
