Entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021, la Defensoría del Pueblo ha recibido un total de 47 declaraciones de eventos de tortura, reportados por quienes se consideran víctimas de este hecho en el marco del conflicto armado estipulado en la Ley 1448 de 2011, prorrogada por la Ley 2878 del 2021.
Los departamentos que más eventos registraron fueron: Casanare con 10 eventos reportados, Antioquia con 4 y Vichada con 4. Las víctimas corresponden a personas con edades entre los 19 y 65 años. Los declarantes fueron: 24 hombres y 22 mujeres, 1 sin información; 4 indígenas y 4 personas pertenecientes a comunidades negras. El resto de las personas no reconoce pertenecer a algún grupo o comunidad étnica.
Adicionalmente, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2021, en Colombia se han reportado en el Registro Único de Víctimas (RUV), 305 eventos de abuso sexual, hechos victimizantes que también se clasifican como actos de tortura, de los cuales 71 fueron hombres, 219 mujeres y 15 personas con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD).
En el marco de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, condenó las prácticas que atentan contra la dignidad humana. «La tortura es uno de los crímenes que mayor repudio provoca en todos los escenarios. El derecho a no ser sometido a torturas constituye una norma imperativa del Derecho Internacional, de la cual ningún Estado puede sustraerse. No existe razón legítima para restringir este derecho. Desde la Defensoría del Pueblo trabajamos decididamente para que la erradicación la tortura sea una realidad”, indicó.
Las víctimas de este acto inhumano y denigrante, por el cual se infringe a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, son acompañadas por la Defensoría del Pueblo de forma permanente. La entidad atiende sus quejas y reclamos, los cuales son reportados inmediatamente a la institución a la que corresponda. De esta forma se promueve la reparación integral del daño causado y se da cumplimiento a la norma absoluta del Derecho Internacional Humanitario.
