En el año 2008 la gobernación de Casanare suscribió el contrato número 0062 con la Unión Temporal Rayuela, el cual tenía como objeto “adecuación y mejoramiento de la torre A del nuevo centro administrativo departamental”, dicho contrato originalmente fue por un valor de $2.895.588.067, pero se le hicieron varios adicionales y finalmente el valor real fue de $4.343.381.995,62, y cuyo plazo inicial era de 7 meses, los cuales se prolongaron por 26 meses más, es decir, debía finalizar en el 2011, al contratista se le dio un anticipo de $2.171.690.997.
Al contratista UT Rayuela le fue impuesta por parte de la gobernación una multa de $424.338.200, por incumplimiento del contrato, a lo que luego se le sumo la declaratoria de incumplimiento del contrato, con lo cual se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato, y a su vez, se declaró el siniestro del mismo, por lo cual se hizo efectiva las pólizas de manejo del anticipo y de cumplimiento.
Con base en las decisiones asumidas por la gobernación de Casanare, la UT Rayuela, interpuso ante el Tribunal Administrativo de Casanare, en el año 2016,una demanda por controversias contractuales, buscando que dicho tribunal le diera la razón y por ende la gobernación le girará $1.157.758.190, con intereses indexados, por los perjuicios ocasionados por la administración departamental.
Dicha demanda fue rechaza en primer instancia por caducidad, y los integrantes de la UT Rayuela (Ingenieros Asociados INCA Ltda y R&H Ingeniería Ltda) apelaron ante el Consejo de Estado, apelación que el pasado 8 de marzo del presente año, confirmó la sentencia dada por el Tribunal de Casanare, es decir, la UT Rayuela, no pudo cobrar lo que según ellos le debía la gobernación de Casanare.
Cabe señalar, que por culpa del incumplimiento de este contratista, las obras del nuevo centro administrativo departamental demoraron en ser culminadas, las mismas fueron entregadas en el año 2015.
