La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de 538.000 estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos y 12 municipios acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar –PAE.
Para el ente de control resulta preocupante la interrupción del PAE en Casanare y el municipio de Neiva, donde el programa operó con recursos de la vigencia anterior hasta el pasado mes de marzo, lo que obliga a adelantar un nuevo proceso de contratación para la vigencia 2018.
De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Quindío, Tolima y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.
Los casos más dramáticos están en Montería y en el del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En La Heróica, donde pese a que el calendario escolar inicio el pasado 29 de enero, a la fecha 89.718 estudiantes están por fuera del PAE, a la espera de que la administración convoque el proceso licitatorio para la contratación de los operadores del programa.
De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.
En Montería, el pasado 5 de abril fue declarado desierto el proceso de licitación para la contratación del operador PAE para atender 30.112 alumnos. Un nuevo proceso tomará como mínimo 20 días hábiles.
Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.
Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.
PROCESOS DISCIPLINARIOS
En lo que va de 2018 la Procuraduría General de la Nación ha adelantado 24 acciones directas frente al Programa de Alimentación Escolar que manejan las 95 Entidades Territoriales Certificadas en el país.
Se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas (2), Quindío y Armenia (2), Cúcuta, Cauca y Popayán (3), Casanare (2), Tolima y Florencia.
Adicionalmente, el pasado 7 de marzo de 2018 se abrió una indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
La Procuraduría, a través de sus delegadas del nivel central, ordenó la apertura de 4 investigaciones disciplinarias en los departamentos de Amazonas, Meta y Caquetá y el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.
En las últimas horas la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el actual gobernador de Sucre, Edgar Enrique Martínez Romero, y su secretario de Educación, Álvaro Manuel Hoyos Romero, por presuntas irregularidades en el convenio PAE de 2016.
Así mismo, citó a juicio disciplinario en un proceso verbal a los funcionarios de la gobernación de Putumayo, Jorge Enrique Ferrín Dorado, secretario de Educación Departamental; José Luis Moreno Lozano, jefe de la Oficina de Contratación, y Óscar Darío Mayama Quetama, secretario de Servicios Administrativo y gobernador encargado para la época de los hechos.
Entre los cargos por los que deberán responder figura que el contrato 023 de 2017 habría sido adjudicado sin las condiciones objetivas, justas, claras y completas, a un proponente quien presuntamente no cumplía con la capacidad jurídica, ni financiera, ni de organización, ni la experiencia.
Igualmente, formuló cargos al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis; al secretario de Educación, Milton Humberto Delgado, y al jefe de la Oficina Asesora de la gobernación, Andrés Antonio Caicedo Arana.
Por último, también formuló cargos al entonces alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, y a su secretario de Educación y Cultura, Fredy Alexander Montoya Estepa.
Se les reprocha haber entregado de manera directa a la Fundación Somos Manos Unidas el convenio de asociación 010 de 2016, por valor de $3.000 millones de pesos, sin convocar a una licitación pública como lo exige la ley.
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