Todo parece indicar (según abogados defensores) en la investigación sobre la detención de 8 campesinos de San Luis de Palenque, que protestaban contra la empresa petrolera Frontera Energy, la cual opera el bloque Cubiro, es un “falso positivo judicial”, según el periódico “El Espectador” que publicó ayer un artículo denominado “Los convenios del Ministerio de Defensa en un caso contra líderes sociales en Casanare” con nuevos datos que sorprenden en este proceso, por ende www.suversion.co.co se les presenta hoy algunos apartes:
Ocho líderes del Casanare están en los estrados judiciales porque, según la Fiscalía, hacen parte de un grupo de delincuencia organizada que intenta entorpecer la labor de la empresa petrolera Frontera Energy.
El 27 de noviembre de 2018 la Policía y el Ejército capturaron en San Luis de Palenque (Casanare) a Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal, Miguel Ángel Rincón, Carmen Iraida Salcedo, Josué Eliécer Rincón y María Teresa Rincón, junto a su vecino, Jerónimo Salcedo. Además de que los primeros siete son familia, tienen en común una cosa: haber liderado protestas en contra de la actividad petrolera que desarrolla la empresa estadounidense Frontera Energy —otrora Pacific Energy— en la región. Desde la captura, organizaciones en Colombia han denunciado que se trata de una persecución y solicitan intervención internacional.
La Fuerza Pública aseguró que se trataba de un grupo de delincuencia organizada (GDO) que se valía de la protesta social como una “fachada” para hostigar la labor de las empresas de hidrocarburos, como Frontera Energy. Los ocho ya fueron llamados a juicio y están privados de su libertad. Mientras el proceso avanza, este mismo lunes, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y la Corporación Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), que han acompañado el caso, llevaron el expediente ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra (Suiza).
El encargado de la investigación penal fue el fiscal 135 contra el crimen organizado, Harles Max Cortés. El funcionario está adscrito a una Estructura de Apoyo (EDA), divisiones del ente investigador destinadas exclusivamente a delitos contra el sector de hidrocarburos que funcionan con dineros que empresas de este sector le dan a la Fiscalía General o al Ministerio de Defensa a través de convenios. Varias empresas de hidrocarburos con presencia en Colombia, como reveló el portal Rutas del Conflicto, suscriben estos millonarios convenios con el Estado. Y el caso de Frontera Energy no es distinto.
El 19 de noviembre de 2018, nueve días antes de la captura de los líderes, la empresa petrolera firmó un convenio con el Ministerio de Defensa. En el documento, en poder de este diario, la cartera que encabeza Guillermo Botero compromete a las unidades militares colombianas a prestar “especial protección” a las áreas de interés de la Frontera Energy en los proyectos Corcel, Llanos 25, Arrendajo, Casimena, Cubiro —donde se presentaron las protestas que tienen en los estrados judiciales a los líderes—, Cravo Viejo y Cachicamo. A cambio de esta protección, la empresa tuvo que pagar $2.340 millones.
Al día siguiente de que se firmara el contrato, la Fiscalía escuchó a Julián René Gómez, funcionario de Frontera Energy, quien dijo en declaración juramentada: “Ferney Salcedo es quien organiza los paros para enfrentar a la Fuerza Pública y además realiza control sobre las vías”; a Jesús Leal lo señala como el segundo al mando y quien organiza y entrena a la gente; “Miguel Ángel Rincón y su esposa Carmen Iraida ejecutan los contratos, agitan masas y enfrentan a la fuerza pública; Teresa Rincón dice que su finca La Frontera sirve de punto de encuentro; Salcedo Betancourt hace control vial”.
Además, a pesar de que a lo largo del proceso a los líderes se les ha tratado de grupo de delincuencia organizada, definición utilizada para colectivos como los Rastrojos o los Puntilleros, los ocho capturados que se harían llamar los “jinetes de caretas” no aparecen en otros registros de los organismos de seguridad. Por ejemplo, en un derecho de petición que la Fiscalía les respondió el 19 de diciembre de 2018 al CSPP y al Cospecc, cuando pidieron confirmar qué GDO hay en el país, no aparecen los “jinetes”. De hecho, de los 26 grupos que reciben esta categoría en Colombia ninguno opera en Casanare, donde habrían ocurrido los hechos.
Para las organizaciones que denuncian que la judicialización de los ocho líderes sería una persecución, “las acciones de inteligencia y de orden penal ocurridas en el caso se usaron de manera arbitraria, toda vez que su objetivo era debilitar el proceso de movilización social y exigibilidad de derechos llevados a cabo en San Luis de Palenque”. Por todo esto, el CSPP y el Cospecc piden intervención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pues aseguran que la judicialización de estas ocho personas se da en un contexto de “aumento generalizado de los ataques contra líderes sociales” y sostienen que en Colombia hay una “demora injustificada” en el proceso.
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