La gobernación de Casanare, recuperó $2.345.820.137,89, al ser liquidados por vía judicial dos contratos suscritos entre el departamento y el Consorcio Gerencia Casanare, quien se supone, daría vida al plan departamental de aguas; dichos contratos fueron firmados en el año 2010, en el gobierno de Raúl Flórez.
Durante el desarrollo del proceso el Tribunal Administrativo de Casanare, evidenció que la administración departamental actuó con dolo, ya que para poder suscribir el contrato 1737 del 2010, la Asamblea le aprobó a finales del 2009 una Ordenanza, mediante la cual se le autorizaba al gobernador asumir compromisos con cargo a vigencias futuras, pero, dicha Ordenanza fue demandada y declarada nula por dicho tribunal en el mismo año 2009, y a pesar de ello, la gobernación suscribió el contrato en mención
Aunado a lo anterior, el alto tribunal, estableció que hubo fallas en la supervisión del contrato por parte de la gobernación, hubo uso indebido y apropiación de recursos públicos por parte del contratista, dicho contrato difiere de una Consultoría y asemeja más a un contrato de prestación de servicios, ya que el contratista no se obligaba a entregar producto sino informes bimensuales; ante estas y otras anomalías, le fueron compulsadas copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General y la Procuraduría, para que según sus competencias, inicien las investigaciones pertinentes.
