El municipio de Hato Corozal viene siendo administrado por el alcalde Alexander Martínez Parra, a quien sus amistades le tienen por apodo “ratica”, representa al partido Liberal, y hace poco se hizo tristemente célebre por conceder una entrevista a este medio de comunicación, en la cual manifestaba que “él y otros alcaldes del norte del departamento estaban siendo amenazados por grupos armados al margen de la Ley”, ante lo cual, el burgomaestre convocó a un consejo de seguridad, pero llegaron todos los invitados menos el propio alcalde citante.
Ahora bien, en temas de la administración municipal, durante los tres años y medio que lleva en el cargo el actual alcalde, ha celebrado 8 licitaciones por valor de $6.148.751.093, 13 procesos de Selección Abreviada por valor $1.636.003.305; 125 contratos de Mínima cuantía por valor de $1.453.000.000; 9 procesos por Subasta por valor $1.380.716.013; Contratación directa 504 contratos por valor de $6.500.000.000, la mayoría de estos contratos no están publicados totalmente en el Secop, les falta la publicación de las minutas de los contratos; 8 contratos por Concurso de Méritos por valor de $315.000.000; 4 por subasta inversa por valor de $187.143.600.
Pero la polémica más fuerte suscitada por el alcalde Martínez tiene que ver con la presentación de un proyecto de Acuerdo mediante el cual solicitaba autorización al concejo para endeudar al municipio en $2.000.000.000, para acometer obras de gasificación en el municipio, dicho endeudamiento le fue aprobado en octubre del 2018, pero debido a una serie de demandas dicho endeudamiento se encuentra cobijado con una medida cautelar. Las demandas se dan por que se considera por parte de los demandantes que no es justo con el municipio endeudarlo de esa manera, máxime cuando los recursos propios son tan exiguos en ese municipio, ello debido a que por ejemplo el impuesto predial es casi nulo ya que los terrenos no tiene escrituras por problemas ancestrales que la fecha no se han podido solucionar.
Aunado a lo anterior, la alcaldía podía financiar las obras de gasificación presentando proyectos a los Ocads, ya que en las cuentas de los fondos de regalías con corte al 31 de diciembre del 2018 se tenían disponibles para financiar proyectos $ 2.375.371.924, el problema es que la administración no ha presentado proyectos, a la fecha se están ejecutando 2 por valor de $628.473.830; los demás proyectos apenas están en etapa de formulación, es decir, los tres años y medio de transcurrido de este periodo de gobierno, la administración no le alcanzó el tiempo para presentar proyectos, y decidió la “fácil” endeudar.
A la par de lo anterior, esta administración deja sin solucionar 34 procesos judiciales (acciones populares, demandas de restablecimiento de derechos, indemnizaciones, entre otros) y 31 procesos sancionatorios con Corporinoquia. Es decir, el próximo alcalde llega a buscar la manera de pagar el crédito (si se caen las medidas cautelares), a buscar cómo pagar las sanciones judiciales y de Corporinoquia, y a gestionar recursos para cumplir el plan de desarrollo, prácticamente la nueva administración llega a administrar pobreza por falta de planeación del actual mandatario.
