Un inusitado interés por parte de la gobernación de Casanare, en gastar recursos de la nómina docente del departamento para construir infraestructura educativa, se viene presentando desde el año anterior por parte de la titular de la cartera de educación departamental, poniendo en riesgo una vez más los recursos públicos girados por el gobierno nacional, a pesar de estar prohibido por la Ley, y haberle sido notificado a la gobernación en varias oportunidades por parte del ministerio de educación, de que no se podían cambiar de destinación y ceñirse a la Ley.
En dos comunicados enviados a la secretaria de educación departamental Sandra Rincón, por parte de la subdirección de monitoreo y control del ministerio de educación nacional, conocidos por este medio de comunicación, se le explica que no es posible destinar los recursos de excedentes del sistema General de Participaciones en educación, para infraestructura, ya que los mismos, deben ser utilizados prioritariamente para saneamiento de deudas laborales, cubrir faltantes de nómina de cada vigencia y garantizar la prestación del servicio educativo.
Lo que llama la atención de este caso es que, ya en varias oportunidades funcionarios de la Gobernación de Casanare, se habían reunido con funcionarios del ministerio para abordar el tema, y siempre se les había hecho la aclaración al respecto, sin embargo, la secretaria de educación continua en su empeño de comprometer una vez más los recursos públicos de la nómina docente, tal y como lo hizo en las vigencias anteriores, en donde pagaron horas extras y bonificaciones a 42 docentes sin la autorización del ministerio, lo que tiene a la secretaria tratando de que dichos docentes voluntariamente regresen los dineros cancelados de más.
Finalmente, no se entiende cómo es posible que a pesar de lo claro de las normas y los constantes argumentos del ministerio, la secretaria de educación pretenda pasar por encima de ellos, se espera que el despacho del gobernador se pronuncie al respecto.
