Con propuesta indecente se anuncia la devolución de la empresa de acueducto al municipio de Yopal

Con una propuesta indecente se dio a conocer por parte de la superintendente se servicios públicos Natasha Avendaño García, el levantamiento de la medida de intervención de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, la cual, ha estado bajo el manejo y administración de la superintendencia durante los últimos 6 años, durante los cuales, han oficiado como agentes interventores cuatro personas.

Las condiciones expresadas por la superintendencia para levantar la medida de intervención tienen que ver con que el actual agente interventor asuma la gerencia de la empresa hasta diciembre y que un delegado de la superintendencia asuma con voz pero sin voto un puesto en la junta directiva de la empresa, estas condiciones se dan debido a unas situaciones financieras, técnicas, jurídicas y administrativas que requieren atención especial, lo que no dice la superintendente, es que esas situaciones son el resultado de la larga intervención de la empresa, es decir, esas situaciones son el fruto del trabajo de los agentes interventores durante estos largos seis años, y por ende, es incomprensible que condicionen la entrega de esa forma.

Estas condiciones son abiertamente ilegales, ya que la superintendencia no puede mediante una Resolución modificar la estructura de la junta directiva de una empresa de servicios públicos, así como tampoco, nombrar gerente, nombramiento que por Ley, le corresponde al alcalde de la ciudad.

Ante esta propuesta indecente por parte de la superintendente de servicios públicos se espera que el alcalde Leonardo Puentes, no la acepte, ya que sería someterse a un descarado chantaje por parte de dicha funcionaria, la empresa debe ser entregada con total autonomía al municipio de Yopal, como también, debe la superintendencia responder por los problemas financieros, puesto que fueron sus agentes interventores los que generaron dichos problemas, Se espera que los congresistas casanareños salgan en defensa de la institucionalidad y legalidad y no acoliten el chantaje de la superintendente.