En nuestra condición de concejales de Yopal, rechazamos enfáticamente, la presunta persecución y presunto acoso laboral, que han vivido los corregidores de la Niata, Chaparrera, Morichal, Charte, Punto Nuevo, Mata de Limón, Tilodirán, Quebradaseca, Tacarimena y Morro en este último mes, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Es de público conocimiento que los corregidores del municipio han atravesado tres episodios diferentes en los que han sido presionados de forma indebida para que renuncien a sus cargos. En el primer intento fueron citados los diez por el secretario de gobierno Luis Eduardo Ardila Quiroz y el de talento humano Carlos Colón, manifestándoles que era decisión del alcalde, que debían presentar su carta de renuncia, esto ocurrió el 2 de agosto a las dos de la tarde.
El segundo se presentó el 11 de agosto, esta vez citados por el jefe de la oficina jurídica, Jhon Kennedy Wilchez. En un comienzo les informó que se trataba de una reunión rutinaria, incluso indagó por sus condiciones materiales de trabajo. Ese mismo día, grabaron un video, en el que se ven sus rostros sonrientes mencionando sus nombres y el nombre de sus cargos, video que circula hoy en redes sociales; al momento de apagar las cámaras, el jefe de la oficina jurídica les dijo a todos que debían presentar sus renuncias al cargo por órdenes del alcalde.
El episodio más reciente se presentó el día 16 de agosto a las 3 de la tarde, los ediles de todos los corregimientos fueron citados ante el despacho del alcalde, el propósito era el mismo, presionar a los corregidores para que renunciaran. Es de anotar, que los ediles son quienes presentan la terna ante la vacancia absoluta de un corregidor, y son elegidos popularmente, ellos hacen parte de la administración municipal, pero no son superiores jerárquicos de los corregidores, ni tampoco jefes inmediatos.
Esa tarde, el señor alcalde firmó en la presencia de todos los presentes, la declaratoria de insubsistencia de la funcionaria de Morichal, María Fernanda Rueda, quien, valga mencionar, además de los procesos policivos de su corregimiento en general, era quien atendía los múltiples casos policivos que se presentaban en la Ciudadela La Bendición, sin contar con ningún apoyo, ni de asistente, ni de mensajería.
La carga laboral de esta funcionaria es bastante elevada, si tenemos en cuenta que sólo la Bendición cuenta con aproximadamente diez mil habitantes. En esa misma reunión estuvieron presentes dos corregidores, que fueron obligados a retirarse del recinto. Los corregidores en dichas reuniones han sido víctimas de maltrato por parte de los funcionarios señalados, especialmente la funcionaria María Fernanda Rueda, corregidora de Morichal.
Nos preocupa la situación de los corregidores municipales, en su gran mayoría este grupo está conformado por mujeres, son siete de los diez; varias de ellas son madres cabeza de familia, una de ellas es madre de una niña en condición de discapacidad, otra se encuentra en avanzado estado de gestación, dos de ellas han sido amenazadas de muerte por razones de su trabajo, los demás presentan condiciones difíciles de orden público en razón a sus empleos. Rechazamos enfáticamente todas las manifestaciones de discriminación hacia este grupo de funcionarios.
Si bien es cierto dichos funcionarios son de libre nombramiento y remoción, también lo es que merecen un trato digno, que no han recibido.
Frente al tema del presunto acoso laboral, a ellos los cobija la ley 1010 de 2006 que en su artículo 2, define al acoso laboral como:
“(…) toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia al mismo (…)”. (Negrilla fuera del original).
Agrega la disposición en cita que ese comportamiento admite modalidades como el maltrato, la persecución, la discriminación, el entorpecimiento, la inequidad y la desprotección laboral. Sumado a esto, los funcionarios necesitan que se respeten sus derechos constitucionales, sus derechos al buen nombre y a la honra. El servicio que brindan a las comunidades en el sector rural es valioso, son la primera autoridad del corregimiento, la representación directa de la administración en las veredas, y aun así, presentan difíciles condiciones laborales y de orden público.
Muy respetuosamente solicitamos a La PERSONERÍA MUNICIPAL DE YOPAL y la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION para que si así lo considera pertinente adelante de manera oficiosa las indagaciones o procesos que dieran lugar frente a los hechos aquí enunciados.
Pruebas:
Las tres reuniones mencionadas son de público conocimiento, se realizaron en las instalaciones de la alcaldía municipal.
Testimoniales: Solicitamos que sean citados los corregidores, para que ellos hagan un relato de lo ocurrido.
