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Condenados ex asesor del Minagricultura y abogada que intentaron obstruir proceso de restitución de tierras en Meta

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana, demostró que el coronel en retiro del Ejército Nacional y exasesor del Ministerio de Agricultura, Germán Eduardo Ayala Amaya; y la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar, ofrecieron dádivas a la directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Meta para desviar un proceso administrativo.

Las investigaciones evidenciaron que con esta actuación ilícita se pretendía evitar que la Finca Zimarua, ubicada en Cabuyaro (Meta) y con un área de 2.484 hectáreas, fuera entregada a un reclamante víctima del conflicto armado en esa zona del país y quedara en
manos de un tercero.

Ante la contundencia del material recopilado, los dos procesados aceptaron su participación en los hechos y lograron un preacuerdo con la Fiscalía, en el que la abogada ofreció disculpas públicas a la comunidad, al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Restitución de Tierras, en un acto de arrepentimiento difundido por un medio masivo de comunicación.

En ese sentido, el Juzgado 1° Penal del Circuito de Villavicencio (Meta) condenó a la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar a una pena de 25 meses de prisión, multa de 41.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 40 meses, como responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer en concurso con tráfico de influencias de particular.

De igual manera, el pasado 31 de julio, el coronel en retiro del Ejército Nacional y exasesor del Ministerio de Agricultura Germán Eduardo Ayala Amaya fue sentenciado a 35 meses de prisión, multa de 99.99 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos de 35 meses, por los delitos de tráfico de influencias de servidor público en concurso con cohecho por dar u ofrecer.

Los dos procesados están privados de la libertad en establecimiento carcelario desde el 31 de octubre de 2018, fecha en la que la Fiscalía solicitó imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva.

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